Un año después del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña la mitad del gobierno que promovió la consulta ilegal está huido, la otra mitad en prisión preventiva y la sociedad catalana sigue dividida.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no ha descartado la opción de "abrir prisiones" si las sentencias por el 1-O no son absolutorias y ha asegurado que está dispuesto a llegar "tan lejos como llegó (el expresidente catalán, Carles) Puigdemont". "Solo le debo obediencia y lealtad al pueblo y el Parlamento de Cataluña", ha señalado en una rueda de prensa junto al expresidente Puigdemont con motivo de una reunión del grupo parlamentario de "Junts per Catalunya" en Bruselas.
El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, ha rechazado la idea de un "referendum de autogobierno" o la negociación de un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, como sugirió este lunes el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez.
"Aceptaremos un referéndum de autodeterminación, que es lo que pide cada año en la Diada y lo que votan sucesivamente los catalanes", ha declarado Puigdemont a los medios durante una comparecencia con el también expresidente catalán Artur Mas.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha augurado un "otoño complicado" en el que ha pedido que la Diada del 11S sea "masiva y la gente vuelva a la calle para dar fuerza a la república catalana", como también ha aludido a la próxima sentencia del juicio del procés.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino "de Estado" y, por tanto, ha atendido "desde el primer momento" los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial en relación a la defensa del juez Pablo Llarena, citado a declarar el día 4 en Bruselas tras una denuncia del expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos de la justicia española.
La Generalitat defiende que el "error" en la traducción al francés del texto de la denuncia de Puigdemont contra el juez Pablo Llarena no cambia su "esencia". Para el PP, el independentismo vuelve a "mentir" y piden la dimisión de la ministra de Justicia por "no defender al Estado de Derecho". Ciudadanos desconfía de los criterios del Gobierno y Podemos considera que Moncloa no tiene que pagar la defensa de Llarena.
El abogado defensor de los independentistas huidos de España, Guillermo Boye, ha reconocido este martes que hubo un "error" de traducción en el texto de la denuncia interpuesta en Bélgica contra el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, por vulnerar presuntamente la presunción de inocencia de Carles Puigdemont y otros políticos catalanes investigados en el procés. Sin embargo, el equipo legal insiste en que dicho error no cambia la esencia de la denuncia.
