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La Policía Nacional ha detenido a veintidós personas, 20 de nacionalidad búlgara y dos de nacionalidad española, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y la colaboración del Ministerio del Interior de Bulgaria en la que se ha incautado de 39 toneladas de tabaco picado de contrabando que iba a ser distribuido en España.

Con estas detenciones, la Policía considera desarticulada una organización a la que se ha intervenido 260.656 cajetillas de tabaco, 207.000 cigarrillos sin empaquetar y maquinaria para fabricar y empaquetar el tabaco en tres fábricas ilegales que han sido desmanteladas en las provincias de Málaga, Toledo y Salamanca.

Doce de las detenciones se han producido en Toledo, otras nueve en Málaga y una más en Salamanca. En total el material incautado está valorado en 7,1 millones de euros. El fraude fiscal derivado se estima en 5,7 millones de euros.

El director general de la Policía, la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, el director de Crimen Organizado de Bulgaria, el comisario general de Policía Judicial y responsables de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta han informado de la operación en una rueda de prensa en el complejo policial de Canillas de Madrid.

Polémica en Bulgaria tras la difusión de varios vídeos en los que se ve cómo miembros de una milicia nacionalista, autodenominada "caza-inmigrantes", detiene ilegalmente a un grupo de refugiados.

"Volved a Turquía. Ahora", les increpan a estos afganos, tumbados con las manos atadas a la espalda, que intentaban cruzar la frontera desde Turquía. El Gobierno bulgaro ha criticado estas detenciones ilegales y la Fiscalía ha abierto una investigación. En este caso, llevaron a los inmigrantes a la policía, y se encuentran bien

Seis ciudadanos búlgaros accedieron de forma fraudulenta al sistema nacional de trasplantes y consiguieron que se les implantara un riñón, mientras que catorce, entre ellos los trasplantados, lograron recibir tratamiento de diálisis mediante un sistema de altas ficticias a la Seguridad Social. La Guardia Civil ha detectado un fraude relacionado con ciudadanos procedentes de países del Este, fundamentalmente de Bulgaria, que mediante altas ficticias a la Seguridad Social permitía obtener la tarjeta sanitaria y acceder a diálisis y a la lista de espera para un trasplante renal y que ha supuesto un coste para el sistema sanitario de 1,5 millones de euros.