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Elisa Abruñedo, una mujer de 46 años de Lavandeira, Coruña, salió a pasear por las pistas forestales de su aldea el 1 de septiembre de 2013. Casi al lado de su casa, fue violada y asesinada por un hombre que no dejó apenas rastro. El equipo de audio digital de RNE y RTVE Noticias ha tenido acceso al sumario de este caso y reconstruye en este capítulo de ‘Esto merece una explicación’ el trabajo que, durante una década, ha realizado la Guardia Civil. Con el sargento Marcos García, Grupo de Delitos contra las Personas de la Comandancia de Coruña y con el comandante de la UCO (Unidad Central Operativa), Víctor Souto, repasamos cómo fueron avanzando en una investigación que ha tenido tres elementos clave: el coche que vio un testigo, el rastro de ADN que localizaron en el cuerpo de la víctima y los árboles genealógicos familiares que estudiaron para localizar a todos los hombres vivos que había en una determinada zona de la provincia. Durante meses, trabajaron con el archivo de la catedral de Mondoñedo, en Lugo, hasta localizar a Roger Serafín Rodríguez, detenido por el crimen en octubre de 2023. Adrián Fernández Abruñedo, el hijo de la víctima, recuerda cómo pasó todo y nos cuenta las dificultades de vivir durante una década sin saber quién mató a su madre. Su abogada, Beatriz Rubín y el abogado defensor del presunto asesino, Juan Pablo Barros, miran hacia la parte del caso que aún está por escribir: el juicio y la condena definitiva. ‘El asesino de Elisa: historia de una búsqueda’ tiene guion de Laura Madrid y realización de Juan Luis Martín. 

Los funcionarios de prisiones se concentrarán hoy a las puertas del Palau de la Generalitat para exigir una reunión con el president Aragonès. Las concentraciones se dan una semana después del asesinado de Nuria, una cocinera de la prisión de Tarragona a manos de un preso. En Las Mañanas de RNE hablamos con Joaquín Leyva, portavoz ACAIP-UGT, (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias): “Ha ocurrido en Cataluña como podría haber ocurrido en cualquier prisión del Estado”.

Hablamos sobre la situación de las cárceles en nuestro país, en las que la violencia ha aumentado estos últimos años pese a tener menos población reclusa: “Tanto en el 2022 como en 2023, hemos tenido los años de mayor agresividad. Tanto hacia los trabajadores como entre los propios internos", cuenta Leyva, y añade que esto se debe a que “tenemos una política que atiende demasiado al maquillaje estadístico y que olvida un tratamiento personalizado hacia los internos [...] No tenemos una clasificación interior acorde realmente a la conflictividad y a la peligrosidad de los internos”. Leyva insiste en la importancia del "tratamiento individual" del preso.

El portavoz de ACAIP-UGT apunta que el 15% de la población reclusa provoca el 90% de los incidentes: “Esto que ha ocurrido es una línea roja que se ha traspasado y debe suponer un punto de inflexión para que se tomen realmente en serio, las medidas jurídicas y que los trabajadores penitenciarios seamos considerados agentes de la autoridad”.

Joaquín Leyva también denuncia el déficit de médicos en las prisiones y el número de internos por celda: "Las estadísticas de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias marca como normal que haya dos internos por celda cuando la ley dice expresamente que debe haber uno y excepcionalmente dos. Tenemos módulos con 72 celdas y con 130 o 140 internos. Evidentemente, el hacinamiento también provoca conflictividad. Así son imposibles las labores de reeducación y reinserción".

Hoy ha habido una nueva jornada de protestas de los funcionarios de prisiones en las cárceles catalanas. Los trabajadores exigen mejoras en la seguridad y que no se repitan las circunstancias que permitieron el asesinato de Nuria, una trabajadora de la cocina de Mas d'Enric. Montserrat Tura, ex consejera de Interior y Justicia de la Generalitat de Cataluña, ha expresado en 24 horas de RNE que nunca había sucedido un hecho de estas características. Gemma Ubasart, actual consejera de justicia, ha anunciado hoy medidas como un mayor control en las cocinas y más vigilancia. "La seguridad debe garantizarse en todo momento. Pero es evidente que en la cocina habrá siempre instrumental que pueda usarse a efectos no culinarios. Y ahí hay que basarse en la confianza y en un sistema que, hasta ahora, había funcionado", ha declarado Tura.

Tura ha señalado que la Generalitat tiene la competencia de garantizar que el sistema de selección y de seguimiento de los presos, que se destinan a determinados trabajos, sea muy metódica: "Tienen que establecer sistemas no solo de formación, sino también de seguridad y de disciplina. Lo que busca el sistema penitenciario, al menos el catalán, es la balanza entre la reeducación, la disciplina y el respeto a la normativa".

Sobre las protestas de los funcionarios de prisiones, Montserrat Tura ha afirmado que le cuesta entender que no utilicen el sistema de protesta habitual: "Podrían declararse en huelga sin necesidad de bloquear la entrada y la salida porque lo que están haciendo con eso es vulnerar los derechos que tienen los presos". Ha concluido la entrevista insistiendo en que se debe garantizar "la seguridad, la reeducación y la reinserción", ya que "una cosa no debe hacer abandonar la otra".

En Cataluña, sigue el bloqueo en las cárceles por cuarto día consecutivo tras la muerte de una cocinera, asesinada por un preso. Hay 4.000 internos confinados. 

Tras el gabinete de crisis, la Generalitat emplaza a los sindicatos a sentarse a negociar. Ofrece aumentar la plantilla con más de 700 efectivos en los próximos meses y de forma inmediata, pero los trabajadores de prisiones quieren más.

Foto: Marc Trilla / Europa Press

Las protestas en las cárceles catalanas han provocado que este lunes cerca de 4.000 internos no hayan podido salir de sus celdas por falta de personal. La situación es cada vez más tensa fuera y dentro de los centros penitenciarios. Los funcionarios de prisiones protestan por el asesinato de una cocinera y piden más medidas de seguridad. La Generalitat acaba de convocar de urgencia un gabinete de crisis para buscar soluciones.

Los funcionarios de prisiones continúan hoy con sus protestas. Lo hacen frente a centros penitenciarios de Barcelona, Lleida y Tarragona. El detonante: el asesinato, la semana pasada, de una cocinera en la prisión de Tarragona a manos de un preso, que después se suicidó. Una inseguridad que los trabajadores de prisiones de Cataluña llevan tiempo denunciando y ante la que exigen la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. Hablamos con Alberto Gómez, coordinador de CSIF Presons, que asegura que Ubasart "no es una interlocutora válida: ha demostrado un desconocimiento total del sistema, falta de empatía hacia su palntailla, no sabe cuál es el día a día en prisión". "Llevamos denunciando desde 2016 el incremento de las agresiones", recuerda, e insiste en que la plantilla está muy envejecida y faltan recursos humanos, algo que en su trabajo "es peligroso". Y añade: "No somos reconocidos como agentes de autoridad.

Todo esto crea una sensación de impunidad en parte de la población penitenciaria, porque no tienen miedo al castigo. Falla la política penitenciaria".

Los funcionarios de prisiones mantienen este sábado el bloqueo en las cárceles de Quatre Camins, Joves y Wad Ras en Barcelona. Al menos 1.000 internos se verían por estos bloqueos que van a continuar "con más intensidad, más fuerza y hasta que el cuerpo aguante", asegura en el informativo '24 Horas' el portavoz del sindicato de prisiones de UGT en Cataluña, Xavier Martínez. Mantienen que no se sentarán a negociar sin la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. "Exigimos el cese fulminante de la figura que ha provocado que, durante los últimos años, se deteriore la institución", exige Martínez. El portavoz de UGT adelanta en Radio Nacional que tienen intención de volver a cerrar todos los centros de Cataluña este lunes. "Las medidas que pedimos son reorganizar convenientemente la institución penitenciaria y pasa por hacer una limpieza de personas de estructura", expresa.

Un centenar de funcionarios de prisiones cortan el paso a varios centros penitenciarios de Cataluña. Tres cárceles siguen bloqueadas, después de que anoche se levantaran la mayoría de los cortes. Piden más seguridad, tras el asesinato este miércoles de una cocinera por unos de los presos. También exigen dimisiones. Entre ellas, la de la consellera de Justicia, que hoy ha reconocido que la situación es grave. 

FOTO: EFE/Enric Fontcuberta

Los funcionarios de prisiones mantienen bloqueados los accesos tres cárceles catalanas en protesta por el asesinato de una cocinera en el centro de Mas d'Enric, en Tarragona. Este sábado han cortado los accesos a los centros de Quatre Camins y Joves, en la Roca del Vallès, y a la cárcel de mujeres de Wad Ras en Barcelona. En las demás prisiones el viernes por la noche decidieron levantar el bloqueo y permitir el cambio de guardia de los trabajadores. 

El 11M marcó un antes y un después en el tratamiento del yihadismo en nuestro país. Desde entonces se persigue el adoctrinamiento y se intenta evitar la radicalización en las cárceles. Nuestra compañera Gema Alfaro ha hablado con Álvaro Vicente, del Real Instituto Elcano, que nos cuenta que nuestro sistema penitenciario es uno de los más duros en toda Europa. El investigador considera que esto tiene una parte negativa, ya que, en otros países, acompañar a los presos y premiarles con algunos beneficios favorece la reinserción.

Solo tres de los condenados por los atentados del 11M continúan en prisión. Jamal Zougam fue condenado a casi 43.000 años por ser uno de los autores materiales de los asesinatos; Othman el Gnaoui, a casi 35.000 años por transportar los explosivos y al español José Emilio Suárez Trashorras, 34.000 años por ser cooperador necesario por suministrar la dinamita. Los 15 restantes ya terminaron sus penas y 8 de ellos fueron expulsados a su país, la mayoría a Marruecos. Los detalles con Gema Alfaro.

Entramos en el Centro Penitenciario de Álava para conocer la realidad de las mujeres privadas de libertad. Iratxe, Felipa y Conchi son madres, víctimas de violencia machista y/o de las adicciones. Relatan su historia en primera persona, los motivos que las han llevado a delinquir, el proceso de internamiento y hasta cómo ven su futuro en libertad. Hablan de la maternidad enjaulada y de la relación con sus hijos, pero también de sus estudios, su trabajo y de la vida en prisión.

Son tres de las 79 mujeres privadas de libertad en la más grande en el País Vasco. Las mujeres presas tienen como denominador común: la media de edad, 42,2 años, el 80% han sido víctimas de Violencia de Género, la mayoría vienen de contextos sociales y económicos frágiles y ocho de cada diez son madres. Según Instituciones Penitenciarias, las tres primeras causas por su ingreso en prisión son por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, contra la salud pública, o por homicidio y sus formas.

Ellas cometen delitos leves, y menos violentos. En estos momentos hay 3.412 mujeres en prisión, solo 534 residen en cuatro centros penitenciarios destinados exclusivamente a mujeres. Esa presencia minoritaria de las mujeres ha condicionado la estructura, los equipamientos, los servicios, las actividades e intervención en centros que se han creado por y para hombres.