Carles Mesa entrevista a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. La entidad ha publicado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y advierte que algunos políticos están utilizando una retórica tóxica y deshumanizadora del "nosotros contra ellos".
El discurso del odio y la demonización que se ha impuesto en muchos países del mundo, incluidos los democráticos, supone una grave amenaza para la subsistencia de los derechos humanos, ha alertado Amnistía Internacional (AI) en su informe anual.
Belal Darder, fotoperiodista egipcio de 22 años, ha huido de su país tras ser alertado de una sentencia de 15 años de cárcel contra él por sus coberturas periodísticas. Ahora se encuentra en España, acogido a un programa de Amnistía Internacional de solicitud de asilo. A pesar de su juventud, las fotos de Darder han abierto algunas de las principales portadas del planeta. Su deseo es regularizar su situación para volver a Oriente Medio a ejercer el periodismo. Desde España denuncia la persecución que sufren los informadores en Egipto
Los sistemas de vigilancia son cada vez más intrusivos y masivos; la privacidad de nuestras comunicaciones, más vulnerable; y la libertad de expresión, más restringida. Es la deriva que se está viendo en Occidente, también en Europa, en la lucha contra el terrorismo, advierte Amnistía Internacional. De forma que la seguridad, según esta ONG, ha terminado convirtiéndose en arma electoral. Por primera vez, países muy poderosos como Rusia, EEUU, Turquía, Hungría cuestionan concepto DDHH. La organización también critica la política de acogida de refugiados. El año pasado, 36 países violaron el Derecho Internacional al enviar de forma ilegal a personas a países donde sus vidas corrían peligro. Uno de ellos es España. Una ola de refugiados provocada por los conflictos que asolan África y Oriente Próximo desde hace años, ante la inoperancia de la comunidad internacional.
Un informe de Amnistía Internacional denuncia el ahorcamiento en secreto de hasta 13.000 presos por parte del régimen de Al Asad durante los cinco años de guerra en Siria. Un programa de ejecuciones extrajudiciales, según la ONG, llevado a cabo en una cárcel cerca de Damasco. La mayoría de las víctimas eran civiles opositores.