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La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para el próximo presupuesto de la UE, que abarca desde 2021 hasta 2027, en el que plantea recortar los fondos agrícolas y de cohesión, -un 5% y un 7%, respectivamente- y aumentar el gasto dedicado a políticas como inmigración, seguridad y la defensa, la investigación y la innovación y economía digital.

El presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y el comisario de Presupuestos y Recursos Humanos, Günter Oettinger, han desvelado ante el pleno de la Eurocámara el borrador presupuestario, que será el primero sin el Reino Unido porque abandonará el bloque comunitario en marzo de 2019.

En concreto, Bruselas ha propuesto un presupuesto plurianual de 1,135 billones de euros, lo que representa un 1,11% de la renta nacional bruta a Veintisiete y es una cifra "comparable" al actual presupuesto si se tiene en cuenta la inflación.

En este sentido, la Comisión Europea ha planteado reducir "moderadamente" la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión un 5% y y un 7%, respectivamente. "Estas políticas se modernizarán para asegurarse de que pueden alcanzar sus objetivos con menos recursos e incluso servir nuevas prioridades", explica la Comisión Europea.

Por contra, Bruselas recomienda incrementar la financiación de "nuevas y urgentes prioridades", entre las que incluye los fondos dedicados a la investigación y la innovación, la juventud, la economía digital, la gestión de fronteras y la seguridad y la defensa.

La Unión Europea ha respaldado la propuesta de la Comisión Europea de restringir el uso agrícola de pesticidas dañinos para las poblaciones de abejas. El veto decidido en el seno de los Veintiocho -con el voto favorable de España- entrará en vigor a finales de año. Un estudio científico de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicado en febrero pasado demostró que los tres pesticidas prohibidos, denominados neonicotinoides, estaban acabando con los polinizadores, unos insectos vitales para la supervivencia de plantas y cultivos.

Las salinas del valle salado de Añana, en el País Vasco, y la producción de la uva pasa de la Axarquía, en Andalucía, han recibido en la FAO la distinción como nuevos sitios de patrimonio agrícola mundial. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma fue escenario de una ceremonia para reconocer los últimos 14 sistemas de patrimonio agrícola elegidos desde 2016 y que completan una lista de 50 sitios repartidos en 20 países.

Hablamos "En voz alta" de transgénicos, una serie de productos que generan opiniones opuestas en la opinión pública. Estos organismos modificados mediante ingeniería genética tienen como objetivo mejorar la productividad o aumentar sus propiedades nutritivas. Pero siempre siembran muchas dudas en la sociedad respecto a su consumo y su existencia. ¿En qué países se cultivan los productos transgénicos? ¿Cómo se distribuye el mercado de su plantación y explotación? ¿Son seguros para el consumo, el medio ambiente y la biodiversidad?

Para saber qué son los transgénicos, cuáles son sus funciones y qué se consigue con ellos nos acompañan Ramón Serrano, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Valencia; Luis Ferreirín, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace; Franco Llobera, miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, y Pablo Manzano, doctor en Ecología.

Durante dos días se debate en Madrid, al más alto nivel, la posición española de cara a las negociaciones europeas para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) con el 'Brexit' como telón de fondo. "Va a haber un agujero en el presupuesto" ha asegurado el comisario europeo de Agricultura Phil Hogan que cifra este descubierto en 3.600 millones. La PAC supone actualmente el 38% del presupuesto comunitario, motivo por el cual, -ante el abandono de Reino Unido de la UE- la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido la necesidad de mantener la PAC "en el centro de las prioridades de la agenda europea".  En general, Gobierno y administraciones mantienen esta posición común para un plan que hasta 2020 dejará 47.500 millones de euros en España, una ayuda esencial para nuestro sector agroalimentario que representa el 10% del PIB español y que da trabajo a más de 2.300.000 personas.