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La última Duquesa

  • Un amplio recuerdo a la duquesa de Alba, fallecida esta semana

  • La Fiscalía se querella contra Artur Mas por la consulta soberanista

  • El incendio de la fábrica de Campofrio en Burgos y sus efectos sociales

  • Finalmente, hablamos de las secuelas del tifón Yolanda en Filipinas

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La última Duquesa

A los 88 años, María del Rosario Cayetana Victoria Alfonsa Fitz-James Stuart y de Silva, duquesa de Alba y de Berwick, murió en el Palacio de las Dueñas, en Sevilla. Ha sido la tercera mujer en dirigir la Casa de Alba en sus más de 500 años de historia y la aristócrata con más títulos. Tenía en su haber otros 49 títulos nobiliarios, veinte de ellos con Grandeza de España. La duquesa de Alba es la aristócrata más conocida de España y pertenecía a una familia que extiende sus raíces desde los nobles castellanos de la Edad Media hasta la reina María Estuardo de Escocia. Gran aficionada a la pintura y al flamenco, recibió en 2010 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su "apoyo a las artes, además de abrir los archivos de la Casa de Alba a los investigadores". El reparto de su herencia, valorada en unos 3.000 millones de euros, ya está firmada ante notario, y en ella su esposo, Alfonso Díez, de 64 años y que inició la relación con ella en el 2008, firmó en febrero de 2011 sus capitulaciones matrimoniales, un total de quince cláusulas por las que renunciaba a "cualquier título, derecho u honores que le pudiera corresponder fruto de su matrimonio" Informe Semanal traza el retrato de la duquesa de Alba, desde su nacimiento en el Palacio de Liria de Madrid, a través de su propia voz y con la asesoría de su biógrafa, Concepción Calleja y del experto en genealogía José Luis Sampedro.

Querella contra Mas

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, obtuvo esta semana el apoyo de la Junta de Fiscales de sala para presentar la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la celebración del 9-N. La propuesta del Fiscal General avalada por la Junta de Fiscales de Sala que, a diferencia de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sí ven indicios de delito en la actuación de Artur Mas. La querella ante el TSJC, competente para investigar al presidente de la Generalitat y sus consejeros por su condición de aforados, va dirigida contra el president catalán, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, acusados de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, aunque puede haber matizaciones en algunos aspectos técnicos de la querella. Con el trasfondo del debate político sobre la reforma de la Constitución, Informe Semanal analiza este tema a través de las reflexiones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Rafael Mendizabal, el portavoz de la Asociación de fiscales, Emilio Trías, el economista Ramón Tamames, el escritor y comentarista, Joaquín Leguina, y el columnista Arcadi Espada.

Campofrio, un futuro colectivo

En torno a mil trabajadores de la planta de Campofrío en Burgos aguardan en la incertidumbre sobre su destino tras el incendio que destruyó la fábrica hace una semana. Junto a ese millar de empleos directos hay otros tantos indirectos, pero también miles de puestos de trabajo en el sector primario, que provée a la factoría de materia prima. La empresa ha anunciado sus planes de recolocar en el área de Burgos a una parte de los trabajadores, donde según el responsable de la empresa en España, Ignacio González, tienen "mucho producto dentro y mucho trabajo". También ha abierto la puerta a recolocaciones en las fábricas de Madrid, Valencia o Soria. Incluso, algunas de fuera de España. El ministerio de Empleo, la consejería de Agricultura y el Ayuntamiento de Burgos estudian ayudas a la empresa y sus trabajadores. Informe Semanal ha estado en la planta siniestrada, ha recogido la incertidumbre de las familias que ignoran aún cuando y cómo podrán recobrar su trabajo; ha hablado en exclusiva con el presidente de Campofrío en España, Pedro Ballvé, con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, con la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y Léón, Silvia Clemente y con los representantes sindicales de los trabajadores.

Las secuelas de Yolanda

Hace un año Yolanda mató a 6.300 personas y se llevó consigo a otras mil, además de los hogares y propiedades de más de 16 millones de filipinos. El súper tifón Hayian, de categoría 5 y considerado uno de los más potentes de la historia, tocó tierra con vientos de hasta 360 kilómetros por hora y provocó una crecida del nivel del mar de más de tres metros, afectó a la población de más de 171 ciudades y municipalidades en 44 provincias de nueve regiones, devastó la región de Visayas, en el centro del país, donde siguen los trabajos de reconstrucción, un proceso que puede llevar entre seis y ocho años. Un año después del paso del tifón, muchas de las zonas que fueron arrasadas siguen lejos de recuperar la normalidad. La rápida actuación de algunas ONG consiguió que no se produjera ninguna epidemia donde las infraestructuras habían quedado reducidas prácticamente a cero. Organizaciones y organismos internacionales han desempeñado un papel crucial en reconstruir muchas de ellas y de educar a la población para evitar que se produzcan brotes de dengue, cólera u otras enfermedades. Informe Semanal ha estado en el escenario de la tragedia asistiendo a las labores de la reconstrucción que llevan a cabo la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y ONG como la Cruz Roja o Acción contra el Hambre, entre otras, y ha escuchado de las víctimas supervivientes, su difícil lucha contra la destrucción.