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España en funciones: la asignatura pendiente con el cambio climático

  • La ley de cambio climático está en el aire desde 2015.
  • Las centrales nucleares, el sector del automóvil, la calidad del aire o la biodiversidad, entre los puntos clave de la transición ecológica.

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España a las 8 Fin de Semana - España en funciones: la asignatura pendiente con el cambio climático

Han pasado cuatro años desde que Mariano Rajoy, presidente del gobierno entonces, anunciara en diciembre de 2015 una ley de cambio climático que no ha llegado a ver la luz aún. Esa ley es el marco jurídico que debería regular la transición ecológica y energética de España para la próxima década y marcar la senda de las siguientes hacia el objetivo marcado por Europa de descarbonización de la economía en 2050. Junto a la ley y estrechamente vinculada a ella, el plan nacional integrado de energía y clima, que exige la Comisión Europea, cuyo borrador, ya presentado, fue bien valorado por Bruselas. A final de año, si hubiera nuevo gobierno, tendría que presentarse el definitivo.

El plan y la ley son determinantes para el futuro de entre otros sectores estratégicos, las centrales nucleares. Y es urgente porque uno de los reactores de la central de Almaráz cumple en 2020 los 40 años de vida y el de Ascó, en 2023. Mientras, sigue pendiente de aprobación el séptimo plan nacional de gestión de residuos radiactivos, caducado desde 2010 y que debe incluir además de la actualización de las tasas para la gestión de sus residuos, la decisión sobre el almacén temporal centralizado. El ATC en Villar de Cañas está paralizada por los numerosos informes en contra.

La transición justa es la tercera pata del paquete climático. Esta sí se ha completado para el sector de la minería, pero en no en el del automóvil. El proyecto de ley del gobierno en funciones prevé el fin de la fabricación de vehículos de combustión en 2040, y anunció en marzo un acuerdo estratégico para el sector de la automoción con fuertes inversiones para ayudar a su transformación en el marco de una movilidad sostenible y alineada con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que también se ha bloqueado.

En cuanto a calidad del aire, se siguen quedando en el tintero desde 2015, los planes de acción contra la contaminación por ozono, el contaminante de mayor extensión y que afecta a más población; y el plan de reducción de emisiones para cumplir la directiva europa de techos de emisión.

Queda la biodiversidad, la gran olvidada por todos los gobiernos. Es la mayor riqueza natural de nuestro país y en la última década, denuncian las organizaciones ecologistas, ha perdido un 70% de la financiación dedicada a conservarla. Y eso, recuerdan, que es un capital básico para la agricultura, pesca y turismo, sectores básicos de la economía española. Aunque en eso, nos recuerdan, las comunidades autónomas tienen las competencias y el actual bloqueo político no debería ser excusa para justificar su inacción.

El plan estratégico del patrimonio natural y biodiversidad 2011-2017 tiene que ser evaluado y actualizado, así como aprobar los planes sectoriales contemplados en la ley de 2007 para integrar la conservación de la biodiversidad en aquellas políticas con mayor impacto como la agraria, forestal y energética; los de recuperación y conservación de especies amenazadas, y el control y gestión de las exóticas invasoras.

Mientras la situación continuada en el tiempo de gobiernos en funciones paraliza la actividad legislativa, no ocurre lo mismo con la administativa. Se siguen autorizando ampliaciones de regadíos donde no hay agua o la construcción de infraestructuras que deberían quedar supeditadas a un plan nacional que marque las líneas estratégicas en ese sector desde las premisas del cambio climático y la consecuente merma de recursos hídricos.

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