El Supremo considera probado que en Cataluña hubo "indiscutibles episodios de violencia" pero no basta para hablar de rebelión. Para ello la violencia tiene que ser "instrumental, funcional y preordenada de forma directa" para conseguir la independencia y la derogación de la Constitución y ese no fue el caso de Cataluña. Tiene que ser una violencia idónea para lograr la secesión del territorio "no violencia para crear un clima" para forzar al Estado a negociar.

Los actos que llevaron a cabo los condenados fueron de una "absoluta insuficiencia" para lograr la independencia, si ese hubiera sido el propósito. El Supremo recuerda que bastó la decisión del Tribunal Constitucional para dejar sin efecto las resoluciones aprobadas por el Parlament y el Govern y que la "conjura fue definitivamente abortada" en cuanto se aplicó el artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central.

Los acusados no buscaban declarar la independencia sino presionar al Gobierno para que negociara una consulta legal promoviendo la movilización en la calle, según el Tribunal Supremo. "Eran conscientes de que lo que ofrecían a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano", señala la sentencia.

El Supremo sí considera probado que cometieron un delito de sedición al movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario para impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplieran con la resolución judicial de impedir la consulta. Apunta a dos días en concreto el 20S y el 1O. Esos días, según el tribunal, "se desbordaron los límites constitucionales del derecho de reunión y manifestación" creando un "ambiente coactivo e intimidatorio".

La sentencia considera probado que el Govern pagó con dinero público la publicidad institucional, la organización de la administración electoral, la confección del registro de catalanes en el exterior, el material electoral, el pago de observadores internacionales y las aplicaciones informáticas. Aunque las acusaciones imputaban este delito a nueve de los doce acusados, finalmente solo han sido condenados por él el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Han sido absueltos del delito Josep Rull y Joaquin Forn, condenados no obstante por sedición, y Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, que solo lo han sido por desobediencia, un delito que no implica pena de prisión.

La sentencia considera probado que el dispositivo diseñado por los Mossos para el 1-O con solo una pareja de agentes por centro fue "a todas luces insuficiente". El Supremo considera probado que los mossos se comportaron con "auténtica complicidad" y "casi conveniencia" durante el día del referéndum del 1-O en lugar de cumplir con la resolución judicial que les obligaba a evitar que se celebrara la consulta. En algunos casos, señala, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral.

A pesar de apuntar a la "connivencia" de los Mossos, el tribunal sí confiere verosimilitud al testimonio del mayor Josep Lluís Trapero y de sus subordinados el 1-O cuando explicaron en el juicio que el 28 de septiembre intentaron convencer sin éxito a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y a Joaquim Forn para que no siguieran adelante con la celebración del referéndum por la "alta probabilidad de enfrentamientos con las fuerzas policiales"

El Supremo considera probado que tanto Jordi Sànchez, presidente de la ANC el 1-O, como Jordi Cuixart, que sigue siendo el líder de Òmnium Cultural, fueron uno de los "pilares del movimiento sedicioso". Ambos tuvieron, según la sentencia, una función relevante en la movilización de los ciudanos en la calle como instrumento para presionar al Gobierno central, especialmente en dos fechas concretas: el 20S y el 1O.

La sentencia considera que la actuación de Sànchez fue "absolutamente necesaria para la ejecución de los planes sediciosos" y subraya especialmente su actuación en la protesta ante Economía el 20S. Su actitud en esta protesta, según los magistrados, fue la de "dificultar y bloquear la actuación judicial". En cuanto al 1-O señala que no se limitó a animar a votar sino que "espoleó" a defender las urnas en contra de la actuación de Mossos, Policía y Guardia Civil

El Supremo recuerda en su sentencia las últimas palabras de Cuixart en el juicio cuando dijo "lo volveremos a hacer" para asegurar que el líder de Òmnium "no rehúye, ni disimula, ni esconde" su responsabilidad en los hechos juzgados. El tribunal señala como en su actuación se produce un "salto" desde las llamadas a las protestas legítimas "a empujar a la ciudadanía simpatizante con el movimiento secesionista a la resistencia activa, a la oposición por las vías de hecho al cumplimiento de las órdenes judiciales"

Durante el juicio los acusados defendieron el "derecho a decidir" y reiteraron en numerosas ocasiones que "votar no es delito", sin embargo, el Supremo se muestra tajante: "No existe un 'derecho a decidir' ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad. No existe tal derecho. Su realidad no es otra que la de una aspiración política". En la misma línea, el alto tribunal censura que los líderes independentistas hablen del "derecho de autodeterminación" marginando y despreciando a "otro enorme bloque ciudadano" que optaron por no participar en la consulta ilegal.