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La Fiscalía pide ocho años de prisión para Ignacio González por el caso Lezo

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El juez procesa a Ignacio González por fraude y malversación en el 'caso Lezo'
El juez procesa a Ignacio González por fraude y malversación en el 'caso Lezo'

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de ocho años de prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el conocido como "caso Lezo". Le acusa de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública encargada del ciclo integral del agua en la región de la capital.

Según el escrito de la Fiscalía, este exdirigente del Parido Popular de Madrid se repartió con otras personas 5,4 millones de dólares (que son aproximadamente 4 millones de euros) en comisiones ilegales que se pagaron en el sobreprecio de la compra.

Además, solicita 19 años de inhabilitación para González; y para quien fuera su mano derecha, Edmundo Rodríguez Sobrino, siete años de cárcel y 16 años de inhabilitación por los mismos delitos.

Acusado de fraude y malversación

El pasado noviembre, el juez accedía a la petición de la Fiscalía para procesar a González por delitos de fraude y malversación en relación con esta compra por parte del Canal.

Además, el juez procesó a Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica; al exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; a la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond; al exgerente de Triple A Ramón Navarro; al exdirectivo de Inassa Diego Fernando García Arias; y, al representante de Emissao Sebastiao Cristovam, según fuentes judiciales.

El ministerio público siempre ha mantenido que la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 partió de Ignacio González, quien estaba totalmente al corriente de la operación y que el Canal pagó 30 millones de dólares.

En el caso Lezo, que estalló en abril de 2017 y supuso la detención del expresidente madrileño, están ya procesados los implicados en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por el Canal en 2001, con un "sobreprecio injustificado" de entre 19 y 29 millones de euros. En esta pieza del caso se eximió de responsabilidades a Ignacio González y a también expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón.