El Gobierno aprueba el sellado definitivo de los pozos del almacén de gas Castor

• Los trabajos estarán a cargo de la compañía Enagás, que ya se encargaba de su custodia en hibernación
• Ver gráfico: Cómo funciona un almacén subterráneo de gas natural

La plataforma del almacén de gas Castor, vista desde la costa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el sellado definitivo de los pozos en el almacén subterráneo de gas Castor, cinco años después de que hubiera que suspender su actividad ante los seísmos registrados en la costa de Castellón, con el objetivo de eliminar los gastos de mantenimiento de la infraestructura y garantizar la seguridad de la misma.

"Hemos acordado el sellado definitivo de los pozos de gas de Castor", ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha detallado que se ha encargado a la empresa Enagás, que ya tenía encomendada su custodia, que en el plazo de seis meses tramite el expediente para llevar a cabo los trabajos necesarios.

"Debemos evitar el coste que supone una situación que ya no sirve al sistema gasístico español", ha justificado Calvo, quien ha señalado que el objetivo es "que no haya costes de mantenimiento", así como proporcionar "mayor seguridad" a la región, que sufrió centenares de temblores durante la inyección de gas al almacén.

Posteriormente, en una nota de prensa, el Ministerio de Transición ecológica ha señalado que "en la actualidad, los 13 pozos del almacenamiento se encuentran sellados ede manera temporal, desde el mes de abril de 2016, mediante dos tapones mecánicos colocados a diferentes profundiades. La vida útil de esto dispositivos, estimada entre dos y cuatro años, está a punto de completarse". Por ello, y para evitar incurrir en mayores gastos de mantenimiento, se procede al "sellado y abandono definitivo de los pozos", el primer paso de un proceso de desmantelamiento que, según RNE, llevarán cinco años y tendrán un coste de 260 millones.

Pese a la decisión del Ejecutivo en funciones, la empresa promotora del almacén, Escal UGS (participada mayoritariamente por ACS, así como por la compañía canadiense Escal), ha presentado un escrito al departamento que preside Teresa Ribera para que no se cierre de forma definitiva el almacén submarino, según fuentes conocedoras citadas por Efe, que señalan que la compañía propone realizar nuevos estudios de viabilidad "antes de tomar una decisión irreversible".

Informe Semanal - El proyecto Castor - ver ahora

Una década de un proyecto fallido

La construcción del almacén de gas Castor fue aprobada hace una década por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de acumular reservas estratégicas para abastecer a una demanda que, finalmente, ha quedado por debajo de lo previsto.

Para su construcción se aprovechó un antiguo yacimiento petrolífero agotado, ubicado frente a las costas de Vinaroz, pero al comenzar a inyectar gas en su interior, en septiembre de 2013, provocó más de medio millar de seísmos en varios municipios de la costa castellonense, algunos de ellos de intensidad 4 en la escala de Richter, desatando la alarma entre los vecinos.

Así, el Gobierno ya de Mariano Rajoy tuvo que poner en hibernación el almacén en 2014 y, tres años después, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos después de recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.

Asimismo, el Ejecutivo ordenó indemnizar a la empresa constructora, participada mayoritariamente por ACS, con 1.350 millones de euros, que los consumidores de gas pagarían en 30 años, a través de su recibo; esta decisión, sin embargo, fue anulada por el Tribunal Constitucional el año pasado.

En cualquier caso, el recorrido judicial del caso aún no se ha agotado: este mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia propuso juzgar a dos directivos de Escal UGS, la concesionaria encargada del almacén, por un presunto delito medioambiental al considerar el juez instructor que autorizaron la inyección de gas a sabiendas de la "potencial peligrosidad sísmica" que acarreaba la actividad.