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Casi 260.000 personas dependientes están en lista de espera sin percibir una prestación

  • La Administración Central no cumple sus compromisos y las CC.AA. asumen el 83,3% de la financiación
  • Frente al espejo: El limbo de la dependencia

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Una cuidadora atiende a una anciana dependiente
Una cuidadora atiende a una anciana dependiente. Istock

La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado el estancamiento del Sistema de la Dependencia con una lista de espera de 258.000 dependientes pendientes de recibir prestaciones y una inversión pública recortada, financiada el 83,3% por las comunidades autónomas.

El gasto promedio por dependiente atendido se situó en 8.090 euros al año en 2018, de los cuales la Administración Central aportó 1.348 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, el resto lo cubrieron las comunidades autónomas, según el estudio realizado por esta asociación con las certificaciones oficiales anuales remitidas por los gobiernos regionales.

La inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.054 millones de euros el pasado año, una cantidad que refleja que no se han recuperado los recortes de 2012. Así el gasto social autonómico es un 3,4% inferior a los momentos previos a la crisis, es decir, se invierten casi 4.200 millones menos que entonces.

"Ni tan siquiera se ha cumplido el compromiso de elevar un 5 % cada año desde 2018" el nivel mínimo que el Gobierno central aporta a las autonomías para la atención de los dependientes, lamenta esta asociación que añade que las comunidades autónomas sí han aumentado un 7,5 % su aportación al sistema respecto a 2017, alcanzando los 6.707 millones de euros.

Persisten los recortes en algunas comunidades

Entre comunidades autónomas hay diferencias destacables. Nueve han recuperado, en términos absolutos, el gasto social previo a los recortes provocados por la crisis (Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Cantabria, Murcia, La Rioja, Asturias, y Extremadura). Mientras que las que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos 10 años, son Castilla-La Mancha (15,46 %) y Cataluña (19,91 %).

La mayoría de las regiones destinan más del 60 % de su presupuesto al gasto social, solo se quedan por debajo de este umbral la Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Baleares y Navarra. La comunidad foral es la única que no llega al 50 % (49 %).

El nivel de gasto en servicios sociales previo a los recortes provocados por la crisis (año 2009) se ha recuperado en 13 CC.AA. En el conjunto de España son 1.320 millones más en 2018 que en 2009, con un incremento del 11,1%. Sin embargo, los recortes persisten en Castilla-La Mancha, que dedica un 26,5 % menos de recursos, Galicia y Cataluña (un 0,73 % menos) y Andalucía (un 0,64 % menos).

Por otra parte, la Comunidad Valenciana ha aumentado su presupuesto en servicios sociales en un 84,4 % en el periodo 2009-2018, seguida por el País Vasco (47,4 %) y Baleares (37,2 %)

Muchos fallecen sin ser atendidos

"En este contexto entendemos que existen razones sobradas para abordar la cuestión con urgencia, más si consideramos que se está impidiendo el ejercicio de derechos a cientos de miles de personas dependientes y que muchos fallecen sin haber llegado a ser atendidos; cada mes, aproximadamente el 1 % de la lista de espera fallece, 80 personas al día mueren sin haber podido ejercer su derecho", asegura el responsable de la asociación, José Manuel Ramírez.

Reclaman al Gobierno en funciones que apruebe "al menos" un real decreto para que se cumplan las previsiones sobre el sisteme de dependencia de los presupuestos prorrogados de subir el 5 % con efecto 1 de enero de 2019.

Recuerdan que para la eliminación del 75 % de la lista de espera, tal y como se habían comprometido, se precisa un incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros, que deberían ser aportados íntegramente por la Administración central para llegar a una aportación global del 36 %, aún lejos del 50 % que establece la ley (el otro 50 % las comunidades autónomas).

"Esa inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y se obtendrían unos retornos de 600 millones de euros (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades) sin contar con los retornos inducidos", concluyen los gerentes de servicios sociales

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