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La Fiscalía abre diligencias sobre la moratoria de multas de Madrid Central

  • Responde a una petición del Defensor del Paciente, que considera que supuso un "atentado contra la salud pública"
  • Un tercer auto judicial respalda las multas en Madrid Central

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Señales que avisan de las restricciones en Madrid Central
Señales que avisan de las restricciones en Madrid Central. Gabriel BOUYS / AFP

El fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, ha abierto diligencias en relación a una eventual retirada del área de bajas emisiones de Madrid Central por parte del Ayuntamiento de Madrid, atendiendo así a una petición de la asociación El Defensor del Paciente.

El fiscal acordó el pasado mes de junio "abrir expediente gubernativo en relación a los índices de contaminación existentes en Madrid". A estas diligencias se han "ido acumulando las diversas denuncias que sobre este tema se han presentado ante esta Fiscalía", señala el órgano judicial en un comunicado. 

"La Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente, es la encargada de realizar el control de los índices", agrega. Estas mediciones se están llevando a cabo utilizando los vehículos que se adquirieron con la donación realizada por la Fiscalía de Medio Ambiente".

La Fiscalía ha aclarado que no se trata de una vía penal, sino por el procedimiento contencioso administrativo, por lo que no se investiga si hay delito, y recuerda que la vía penal es la que está ya en los juzgados.

Su intervención responde así a un escrito de la presidenta de la asociación Carmen Flores, que el pasado 27 de mayo solicitó su intervención "en el caso de la retirada de Madrid Central, con lo que supone para la salud de los ciudadanos que deben soportar la gran contaminación que se produce en esa zona".

El Defensor del Paciente basó su petición en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a quienes por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.

Para El Defensor del Paciente no mantener la zona de bajas emisiones para evitar la "boina" de contaminación que respiran todos los ciudadanos, "supone un atentado contra la salud pública" sobre todo para quienes sufren enfermedades de corazón o pulmón.

En su respuesta, el fiscal de Sala de Medio ambiente y Urbanismo comunica a El Defensor del Paciente que "será informado de la decisión que se adopte a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen", ha anunciado hoy la asociación.

El nuevo Gobierno municipal decidió el 1 de julio dejar de multar a los conductores no residentes que circulasen por Madrid Central, mediante una moratoria que tenía previsto extender hasta el 30 de septiembre, pero por decisión judicial las multas volvieron a aplicarse el 8 de julio.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han informado de que no tienen constancia "de ninguna diligencia, ni investigación, ni procedimiento abierto" por la Fiscalía y consideran que ésta debe tener un carácter "preventivo". Las mismas fuentes han recalcado que Madrid Central "continúa vigente" y han asegurado que esta medida "nunca se ha suspendido".

Un tercer auto judicial respalda las multas en Madrid Central

Mientras, este viernes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha emitido una nueva resolución que respalda las multas en Madrid Central al dar el visto bueno a la medida cautelar solicitada por Greenpeace, por lo que ya son tres los autos que mantienen el régimen sancionador en esta zona de bajas emisiones.

En la resolución, el magistrado expone que "la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos". "En este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales", añade.

Además, sobre los defectos del régimen sancionador que plantea el Ayuntamiento en su escrito de alegación, el juez sostiene que "la Administración cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse (...) y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones".

De esta forma, ya son tres autos distintos los que suspenden la resolución del 27 de junio de 2019 dictada por el Ayuntamiento de la capital de PP y Ciudadanos que acordaba la moratoria de las sanciones en Madrid Central, el área de bajas emisiones puesta en marcha por la anterior alcaldesa, Manuela Carmena.

Tres autos judiciales

El primer auto fue del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, que el 5 de julio aceptó la medida cautelarísima solicitada por Ecologistas en Acción. El juez de este juzgado mantuvo el pasado martes su decisión tras estudiar las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid, que defendía la moratoria por los problemas derivados en el sistema de control y de multas.

Ese mismo día el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid acordó adoptar la medida cautelar solicitada por dos concejales del grupo municipal socialista de Ayuntamiento, igual que ha hecho ahora con el recurso de Greenpeace.

El área de bajas emisiones de Madrid Central entró en vigor el 30 de noviembre de 2018, aunque sólo a partir del 16 de marzo comenzaron las multas por incumplimiento de la normativa, con un coste de 90 euros (45 con pronto pago). Por la zona, casi todo el distrito Centro, sólo pueden circular residentes, coches Eco o Cero o vehículos con etiqueta ambiental de la DGT que vayan a un aparcamiento.

El nuevo Gobierno municipal estableció una moratoria, que arrancó el pasado 1 de julio y tenía previsto extender hasta el 30 de septiembre, pero las multas volvieron a Madrid Central el 8 de julio y seguirán por decisión judicial. El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de recurrir el primer auto, mientras trabaja en un "modelo alternativo" para luchar contra la contaminación "en todos los distritos" de la ciudad.

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