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Vox pide a PP y Cs un pacto a tres para investir a Ayuso que suprima parte de la ley LGTBI

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Vox exige a PP y Cs un "programa único" firmado los tres para apoyar la investidura de Ayuso

Vox ha exigido a PP y Ciudadanos que negocien un "programa único común" que sea firmado por los tres partidos para dar su apoyo a la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Las condiciones que establece la formación de Santiago Abascal para llegar a un acuerdo con ambos partidos son "respeto" a los votantes de Vox y "compromiso y lealtad" con lo que salga de las negociaciones.

Unas negociaciones que arrancan este miércoles y tendrán un plazo que durará "hasta el 2 de julio" y para las que han puesto un marco basado en tres principios: "prosperidad, libertad y defensa de la legalidad".  Principios con los que proponen derogar parte de las leyes LGTBI, la expulsión de los menores extranjeros no acompañados y la ilegalización de ONGs, entre otras cuestiones.

Precisamente por estas cuestiones el candidato de Cs a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha rechazado pactar con un partido que "frivoliza" con la violencia de género y quiere "retroceder" en los derechos de estos colectivos. Mientras, el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha vuelto a tender la mano a la formación naranja para formar "un gobierno de la regeneración" y no dejarse llevar por "el chantaje de Vox". Y la propia Díaz Ayuso se ha ofrecido a negociar por parte de la formación narnaja.

[Consulta el documento de Vox en 'pdf': 'Tres condiciones, tres principios']

"Solo daremos nuestros votos a un gobierno que respete a nuestros votantes y suscriba abiertamente un acuerdo con Vox", ha afirmado la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, en una rueda de prensa en la que ha exigido a PP y Ciudadanos "dejar de insultar" y de hacer "cordones sanitarios". Ciudadanos rechazó en todo momento desde las elecciones autonómicas y municipales "negociar" con Vox ni conformar gobiernos con esta formación.

Precisamente este miércoles, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados ha asegurado que la formación de Albert Rivera conocía y consentía el acuerdo firmado entre el PP y Vox para establecer gobiernos de coalición en los municipios donde las tres formaciones sumaran para impedir gobiernos de izquierda, como Madrid.

El segundo principio, el del compromiso, se refiere a que "solo daremos nuestro apoyo a quien suscriba abiertamente un acuerdo con Vox", ha destacado Monasterio, quien ha añadido también el principio de "lealtad" por el que los partidos "deben ser responsables, leales y cumplir lo firmado". Ha aclarado, sin embargo, que no es necesario que los tres partidos "se sienten en una mesa" a negociar, pero sí que firmen el mismo documento.

'Menas' y derechos LGTBI

Monasterio ha establecido un "marco para las negociaciones" basado en tres principios, "prosperidad, libertad y defensa de la legalidad", con una serie de medidas que no exige que se cumplan en su totalidad, pero como base para que haya un acuerdo en el que las tres partes queden "satisfechas".

Entre estas medidas, Vox exige la supresión o bajada de impuestos "sin aumentar la deuda de la Comunidad de Madrid". Para ello, pide "desmontar partidas de gasto público ineficaz", haciendo una "auditoría" de las subvenciones públicas con sus cantidades y destinatarios, invirtiendo el ahorro en otras cuestiones como la Sanidad, la Educación o la dependencia.

Propone para ello suprimir las subvenciones destinadas a "financiar chiringuitos, sindicatos, patronales o empresas públicas que tengan carácter ideológico" o supongan una "duplicidad de competencias". También "se eliminará la ayuda al exterior, que es competencia exclusiva del Estado.

Aboga a su vez por crear una "Consejería de Familia y Natalidad" para, entre otras cuestiones, apoyar la maternidad, y por derogar parte de leyes educativas y por los derechos LGTBI para garantizar la "libertad de educación y pensamiento" y que los padres puedan excluir a sus hijos de actividades "contrarias a sus convicciones morales".

Solicita "atender a todas las personas en situación de riesgo", pero propone que todos los organismos, incluidos los sanitarios, colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "la indentificación de inmigrantes" en situación irregular, para la "repatriación de los 'menas' -menores extranjeros no acompañados-" y que los países de origen paguen las facturas sanitarias.

Por último, su marco de negociaciones establece también la ilegalización de las organizaciones "que cooperen con las mafias del tráfico de personas". Vox ha criticado en múltiples ocasiones la labor de las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo. Monasterio también propone "suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales y a las asociaciones que promuevan la inmigración ilegal".

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