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El juez del caso Lezo archiva la investigación a Gallardón por la compra de la empresa Inassa

  • Asegura que no queda acreditado que conociera los pormenores de esa compra
  • También lo archiva para el expresidente madrileño Ignacio González y el exvicealcalde Manuel Cobo

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Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo
El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo. (EPA) EFE Leonardo Muñoz

El juez del caso Lezo Manuel García Castellón ha archivado, a instancias de la Fiscalía, la investigación que abrió al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El juez de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto al que ha tenido acceso Efe después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera sacar del procedimiento a Gallardón, ministro de Justicia en el gobierno de Mariano Rajoy, al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa compra.

Por el mismo motivo, y tal y como pidió Anticorrupción, García Castellón también deja fuera de esta pieza de Lezo al expresidente madrileño Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino -considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica-, si bien ambos están investigados en otras piezas de esta causa, por lo que siguen imputados.

También ha decidido archivar la pieza referente al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, así como a otras 12 personas más, asumiendo el criteiro de la Fiscalía. 

Propone juzgar a 22 personas

Por contra, el magistrado ha propuesto juzgar a 22 personas por las posible irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el magistrado ve "indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravado", y da un plazo de 10 de días para que las acusaciones personadas presenten sus escritos de acusación.

El juez abre una pieza separada en la que incluye estos hechos, que se remontan al año 2000 cuando varios de los investigados vinculados a la Empresa de Aguas de Barcelona -Agbar- llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que la empresa española les vendiera toda su participación en Inassa con el fin de convertirse en socios únicos de la misma.

También advierte de que llevaron a cabo "las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real a cambio de lo cual los citados trabajadores recibirían un porcentaje de Inassa como así sucedió finalmente”.

Según el magistrado, toda la operación de la adquisición de Inassa "estuvo plagada de ilicitudes y contrariamente a lo autorizado", de manera que el Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por la compra de Inassa, un "sobreprecio injustificado", en una cantidad entre 23 millones y casi 35,5 millones de dólares.

La resolución acuerda incorporar a las actuaciones los dos informes periciales aportados junto con el escrito del Ministerio Fiscal, al considerarlos un prueba “relevante y necesaria” para reforzar la acreditación de los hechos relativos a la adquisición de la sociedad Inassa por el ente público Canal de Isabel II.

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