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La Fiscalía General se querellará contra Torra por desobedecer a la Junta Electoral sobre la retirada de símbolos independentistas

  • La fiscal general ordena a la Fiscalía de Cataluña interponer una querella contra el presidente de la Generalitat
  • No concreta de qué delito se le acusará, pero los hechos apuntan a que podría imputársele desobediencia

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un acto de JxCat en Barcelona.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un acto de JxCat en Barcelona. EFE

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que, una vez que tenga conocimiento de todas las actuaciones, interponga una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por ignorar los requerimientos de la Junta Electoral Central.

La Fiscalía ha informado de la decisión de Segarra, adoptada a pesar de que el Govern de la Generalitat ha retirado este viernes los símbolos independentistas de los edificios públicos, que la Junta Electoral le había exigido quitar a lo largo del jueves.

El Ministerio Público no especifica el delito por el que se interpondrá la querella, pero el "incumplimiento consciente y reiterado" de los acuerdos de la Junta Electoral a que hace referencia encaja en el tipo de desobediencia.

La Junta Electoral Central decidió el jueves comunicar a la Fiscalía el incumplimiento por parte de Torra de sus acuerdos de los días 11 y 18 de marzo para que estudie las posibles responsabilidades penales. Ahora, la Fiscalía General ha remitido el acuerdo a la Fiscalía de Cataluña, a la que compete estudiar el caso por tratarse de un aforado y de un delito cometido en el territorio de la comunidad autónoma.

Si la querella es por desobediencia, el artículo 410 del Código Penal prevé para este delito por parte de una autoridad pública una "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Por desobediencia fueron inhabilitados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega por mantener la consulta soberanista de 2014, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que luego rebajó el Tribunal Supremo, así como el exconsejero Francesc Homs, juzgado en el Supremo por su condición de diputado en el Congreso.

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