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La juez investiga también a una hija y al yerno de Zaplana por blanqueo en el 'caso Erial'

  • La juez mantiene sospechas sobre los pagos de un piso ubicado en una céntrica calle de la capital valenciana
  • Además, la Guardia Civil apunta que las dos hijas de Zaplana compraron propiedades gracias a donaciones de sus padres

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El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana en una imagen de archivo
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en una imagen de archivo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha incorporado a la causa conocida como caso Erial en calidad de imputados a María Zaplana, hija del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro, Eduardo Zaplana, y a su marido, en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales.

Según fuentes judiciales recogidas por Efe, la juez mantiene sospechas sobre los pagos de un piso ubicado en la céntrica calle de Pascual y Genís de la capital valenciana -donde fue detenido Eduardo Zaplana en mayo del año pasado- cuya contratación, al parecer, efectuó María Zaplana.

Fuentes del entorno del exministro han informado de que el alquiler de ese piso fue gestionado por María Zaplana para que lo ocupase su padre en las constantes visitas que debía hacer a Valencia para tratarse de la leucemia que padece y por la que fue trasplantado de médula, y la familia abandonó ese inmueble cuando Eduardo Zaplana fue ingresado en prisión.

Al parecer, el propietario de esta vivienda, según han explicado a Efe personas cercanas al exministro, se encuentra huido de la justicia y está siendo objeto de una investigación por parte de la Guardia Civil.

Las hijas de Zaplana compraron propiedades gracias a donaciones

Por otro lado, hoy la Guardia Civil ha informado de que las dos hijas del matrimonio formado por Eduardo Zaplana y Rosa Barceló, María y Rosa Zaplana, compraron varias propiedades inmobiliarias de lujo y vehículos de alta gama gracias a donaciones efectuadas por sus padres y aportaciones desde cuentas manejadas por supuestos testaferros.

Estas conclusiones forman parte de varios informes elaborados por el grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO), y se incluyen en la parte del sumario del caso Erial, que ocupa unos 5.200 folios y al que ha tenido acceso Efe una vez que se ha levantado el secreto del sumario.

Rosa Zaplana recibió una donación de 280.000 euros el 24 de octubre de 2016 y otra de 302.050 euros justo un año después, si bien ya era poseedora, al menos desde 2011, de más de medio millón de euros, según las pesquisas policiales. Todos estos fondos se utilizaron para la compra de una vivienda ubicada en la calle Alberto Alcocer de Madrid en febrero de 2012.

La Guardia Civil ha acreditado que Rosa Zaplana obtuvo unos rendimientos del trabajo de poco más de 15.000 euros en el ejercicio 2011, sin que declarase ninguna ganancia patrimonial ni "operaciones ante notarios de escrituras de constitución de préstamos, donaciones, etcétera; que den respuesta al origen de los fondos que aparecen en el saldo de esta cuenta bancaria".

Además, en agosto de 2004 invirtió 114.000 euros en la compra de un Porsche Cayenne cuya titularidad ostentó hasta que lo vendió en diciembre de 2007 por 50.300 euros.

En la información recibida de la Agencia Tributaria en relación a Rosa Zaplana "no constan ingresos procedentes de rendimientos del trabajo y de actividades económicas hasta precisamente el año 2007, fecha en la que transfiere el vehículo".

Recibieron donanciones de hasta 340.000 euros

Por ello, la Guardia Civil subraya su "falta de capacidad económica propia en el año 2004 y, por consiguiente, la posibilidad de que el gasto efectuado haya sido asumido por una tercera persona".

Por lo que respecta a María Zaplana, la Guardia Civil ha acreditado que recibió de sus padres una donación de 340.000 euros el 17 de julio de 2009, y que ese mismo día utilizó esos fondos para la compra de una vivienda ubicada en la calle Príncipe de Vergara de Madrid. Dos días después adquirió un Range Rover Sport por valor de 67.425 euros, un vehículo que vendió en 2017.

Según los informes de la Guardia Civil, "en la información de la Agencia Tributaria relativa a María Zaplana no constan ingresos procedentes de rendimientos del trabajo y de actividades económicas hasta el año 2012, fecha en la que empezó a trabajar en el Ministerio de Industria, por lo que se infiere que el pago de este vehículo lo podría haber efectuado un tercero".

Los investigadores consideran igualmente "llamativo" que "días antes de la compra del mencionado vehículo, se adeude un cheque bancario por importe de 100.000 euros en una de las cuentas bancarias de titularidad de Joaquín Barceló", que los agentes consideran uno de los testaferros de Eduardo Zaplana.

Se investigan concesiones de ITV y de parques eólicos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de unos 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones.

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión al frente de la Generalitat de Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión.

Zaplana negó haber participado en los contratos fraudulentos investigados en el caso Erial, cuando el pasado mes de febrero acudió al Juzgado de guardia para firmar tras su puesta en libertad provisional.

Junto a él están procesados, entre otros, el abogado Francisco Grau; el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló; el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló; y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

Sobre todos ellos pesan acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.