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Unos 300.000 alemanes se suman a una demanda colectiva contra Volkswagen por el fraude de las emisiones

  • La iniciativa se formalizó el pasado 1 de noviembre y fue organizada desde la Asociación de Consumidores
  • Su objetivo es establecer si les asiste el derecho a indemnización y si la compañía debería asumir los daños

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Logo de Volkswagen
Logo de Volkswagen. REUTERS Suzanne Plunkett

La primera demanda colectiva impulsada en Alemania contra el fabricante Volkswagen por el escándalo de la manipulación de emisiones suman ya unos 300.000 usuarios de automóviles con motores diésel, según informaciones del semanario "Der Spiegel".

De acuerdo con esa publicación, hasta el 28 de diciembre se habían registrado un total de 294.000 propietarios de automóviles afectados por el fabricante alemán, cifra que se incrementó con nuevas incorporaciones en los tres días siguientes.

El 31 de diciembre expiró el plazo para adherirse a la demanda, prosigue el semanario, que se remite a los datos facilitados por un portavoz del departamento de Justicia competente en ese caso.

La iniciativa para esa demanda se formalizó el pasado 1 de noviembre y fue organizada desde la Asociación de Consumidores, con el apoyo del club de automovilistas alemán ADAC, el mayor del país. Su objetivo era establecer si a los afectados les asiste el derecho a una indemnización y si la compañía debería asumir los daños ocasionados.

Una forma de evitar que prescriba

En caso de que la justicia dictamine que ese es el caso, corresponderá a los afectados exigir de manera individual una indemnización o bien llegar a un acuerdo entre las partes.

El registro se abrió en noviembre y, a partir de ahí, cada eventual afectado pudo inscribirse en la lista sin coste alguno ni necesidad de un abogado. Con su inscripción en el registro, los afectados evitaron que sus reivindicaciones prescribieran.

La demanda se orientó a propietarios de vehículos de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda con motores diésel del tipo EA 189 de 1,2, 1,6 y 2,0 litros.

Estos modelos fueron equipados con un dispositivo de desconexión ilegal que obligó a su llamada a talleres por parte de la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) en Alemania o de autoridades equivalentes en otros países europeos.

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