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Matanza de los abogados de Atocha

García Juliá estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil

  • Permanecía en paradero desconocido desde 1994 que salió de España
  • La Fiscalía instará a la Audiencia Nacional a solicitar su extradición

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La Audiencia Nacional estudia pedir la extradición del autor de la matanza de Atocha detenido en Brasil

Carlos García Juliá, detenido el miércoles pasado en la ciudad brasileña de Sao Paulo por su participación en la matanza de los abogados de Atocha en Madrid en 1977estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, según ha informado la Dirección General de la Policía.

El ahora detenido ingresó en prisión preventiva en 1977, salió de la cárcel en libertad condicional en 1991 tras cumplir 14 años de pena y se dio a la fuga en 1994.

Tras su fuga, la Policía siguió diferentes vías de investigación que situaban a García Juliá en Sudamérica y, aunque resultó imposible conocer la identidad que estaba utilizando por las extremas medidas de seguridad que empleaba, comprobó que se movía por dichos países y que no dudaba en tomar vuelos para desplazarse por esos territorios.

García Juliá fue localizado en Sao Paulo gracias a las investigaciones de las policías Nacional española y Federal brasileña y el apoyo de Interpol. Desde su desaparición en Bolivia, donde fue encarcelado por un delito relacionado con el narcotráfico, se detectó su presencia en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de otras personas.

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En paradero desconocido desde 1994

Tenía 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha y estaba buscado por las autoridades judiciales españolas desde 1994 tras haber sido condenado por la sección primera de la Audiencia Nacional como autor material de cinco asesinatos

Estuvo preso ininterrumpidamente desde el 12 de marzo de 1977, cuando fue detenido un mes después de la matanza en la que murieron cinco personas, hasta el 23 de septiembre de 1991, cuando el juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Valladolid le dio la libertad condicional.

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En 1994 solicitó autorización judicial para salir de España para "hacer efectiva una aceptación de oferta laboral". Se le impuso entonces la condición de presentarse mensualmente ante la Embajada de España en Asunción, pero el condenado no cumplió con su obligación.

Así, en agosto de 1996 el juez de vigilancia revocó su libertad condicional porque, dice la orden de arresto, "no cumplió las condiciones impuestas para la condición de libertad condicional, dejó de presentarse en la Embajada, salió de Paraguay y cometió nuevos delitos de tráfico de estupefacientes en Bolivia, por lo que fue detenido en mayo de 1996".

En 2001, la Audiencia Nacional emitió a Bolivia una orden de detención a efectos de extradición, porque estaba allí entonces preso García Juliá por narcotráfico. En la orden, se explica que el condenado dejó de cumplir con las condiciones que le impuso el juez de vigilancia penitenciaria tras viajar a Paraguay con el permiso del magistrado.

En 2017 se emitió una nueva orden internacional de detención, momento en el que se iniciaron las gestiones más intensas para dar con el paradero de García Juliá. La investigación determinó que podría estar en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde residiría fugado bajo la identidad de un ciudadano venezolano.

El pasado mes de julio, gracias a la cooperación internacional, la Policía Federal de Brasil detectó a García Juliá en el país y se lo comunicó a la Policía Nacional española.

Le quedan 10 años y medio de pena por cumplir

A Carlos García Juliá le quedan por cumplir en España 3.855 días de condena (diez años y medio), según la orden de detención internacional cursada en 2017 por la Audiencia Nacional y consultada por Efe.

Esta es la cifra que aparece en la última orden de arresto que dictó el tribunal que condenó a García Juliá en 1980, de los cuales en la práctica solo debe cumplir el máximo legal de 30 años, según recoge también esta orden internacional de detención.

El detenido deberá someterse a un nuevo juicio cuando sea entregado a España por quebrantamiento de condena, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

La Fiscalía, a favor de la extradición

La Fiscalía instará a la Audiencia Nacional a pedir la extradición a España de García Juliá porque considera que su condena no ha prescrito. Según fuentes del ministerio público a TVE, la pena impuesta al detenido no habría prescrito, ya que no han pasado 30 años desde que el preso quebrantó el cumplimiento de su pena y que correrían desde 1996, año en que el juez revocó su libertad condicional.

Estos 30 años de prescripción son los establecidos en el artículo 133 del Código Penal para condenas de más de 20 años de cárcel, como es el caso de García Juliá.

En 2001, la Fiscalía informó a favor de proponer la extradición (tal y como hará ahora) y también de que se dictara orden de detención preventiva a efectos de extradición a las autoridades de Bolivia. Pero esa entrega nunca ocurrió y García Juliá estuvo huido también en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de otras personas.

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