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Cataluña

El Govern pedirá investigar si Lesmes y Díez-Picazo cometieron delito en la sentencia de las hipotecas

  • Denunciará ante el fiscal general al presidente del Tribunal Supremo y al presidente de la Sala Tercera de lo contencioso

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, conversa con su vicepresidente, Pere Aragones (c), y su portavoz, Elsa Artadi.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, conversa con su vicepresidente, Pere Aragones (c), y su portavoz, Elsa Artadi. EFE

El Govern catalán ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, cometieron delito en la polémica sentencia del impuesto sobre las hipotecas.

Desde el Parlament, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado que la denuncia se presentará presumiblemente el próximo martes 13 de noviembre, tras la reunión del Ejecutivo catalán.

Según Artadi, la Fiscalía está "obligada a investigar" si ha habido delito en el "cambio de una sentencia firme", después de que el Supremo acordara que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que dio un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

La rectificación tuvo lugar, ha remarcado Artadi, en una "inusual convocatoria de la sala del tribunal" para volver a debatir la doctrina respecto a este asunto. A su juicio, ha habido una "vulneración de los derechos de toda la ciudadanía", con unos "procedimientos" judiciales que Artadi considera dudosos y unos "posibles intereses particulares" que han podido influir en la decisión.

Apuntan a Lesmes y Díez-Picazo como "responsables"

Artadi ha señalado que "los dos principales responsables" de esta rectificación del Supremo en relación con las hipotecas son Lesmes y Díez-Picazo, si bien ha dejado en manos de la Fiscalía la concreción de los delitos que pueden haber cometido.

Aunque el Govern había sopesado llevar el caso "directamente al Tribunal Supremo", tras valorarlo con sus servicios jurídicos, ha estimado que esta vía no tendría recorrido, por lo que lo elevará a la Fiscalía.

El caso de las hipotecas se suma, ha dicho Artadi, a otros episodios que demuestran a su juicio que "la injusticia española es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho".

Se ha referido, así, a la petición de "más de 200 años de cárcel para quienes defienden la democracia", en alusión a los dirigentes independentistas procesados por el 1-O.

Además, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de "dar por culpables", esta semana en el Senado, a los independentistas encausados por el 1-O pese a que aún "no han ido a juicio", y la ha instado a retractarse, porque sus palabras suponen una "clara violación de las directivas europeas".

Críticas a la justicia en el contexto del juicio del "procés"

Esta semana, también el presidente de la Generalitat, Quim Torraya exigió la dimisión de Lesmes subrayando lo que considera "desprestigio" de la justicia española, comparando en este sentido la polémica de las hipotecias y el proceso que el Tribunal Supremo lleva a cabo con los políticos independentistas encausados.

Muy crítico con la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, Torra pidió que rectificaran su posición inicial respecto a los líderes soberanistas procesados.

También esta semana, la portavoz del Govern aprovechó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Arnaldo Otegi para señalar lo que a su juicio eran "paralelismos" entre la recusación que presentó el dirigente abertzale contra una juez de la Audiencia Nacional y el juicio del "procés", en el que también los acusados han tratado de recusar al magistrado Pablo Llarena, que lleva el caso, "por sus expresiones políticas".

Sin embargo, sobre estos asunto, la Comisión Europea, por medio de la portavoz Mina Andreeva, se ha pronunciado este viernes para afirmar que el sistema judicial español "funciona" y que no existe "preocupación" al respecto para el Ejecutivo comunitario, en respuesta a la pregunta de si a Bruselas le inquieta la justicia en España tras las decisiones sobre el impuesto de las hipotecas y la sentencia de la Corte de Luxemburgo por el caso de Otegi.

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