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Polémica con Arabia Saudí

Las ONG piden al Gobierno de España la suspensión de la venta de armas si se utilizan contra los derechos humanos

  • España paraliza una venta de armas a Arabia Saudí por su posible empleo contra Yemen
  • Riad amenaza con anular una compra de corbetas, y pondría en peligro 6.000 empleos de Navantia en Cádiz
  • Los trabajadores de Navantia anuncian más movilizaciones

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Niños supervivientes del reciente ataque aéreo sobre Sada, Yemen, conducido por Arabia Saudí
Niños supervivientes del reciente ataque aéreo sobre Sada, Yemen, conducido por Arabia Saudí REUTERS NAIF RAHMA

Las ONG han pedido al gobierno español que prohíba las exportaciones de armas a Arabia Saudí si hay conocimiento de que se pueden usar para violar los derechos humanos, así como que se revoquen las licencias de exportación autorizadas si hay riesgo de que se usen en Yemen, país que sufre una guerra que enfrenta a las minorías hutíes con una coalición liderada por Riad.

Esto es lo que han solicitado este lunes Amnistia Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace y FundiPau en una carta abierta al Ejecutivo, horas antes de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, explique en el Senado el proceso de venta de bombas de precisión a Arabia Saudí. La petición llega tras la controversia suscitada por la paralización por Madrid de esta venta, anunciada hace unos días por Defensa.

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"Son muchas las vidas que están en juego y como sociedad civil nos negamos a ser cómplices de crímenes de guerra", destacan las organizaciones, que califican de "obsceno" el intento de "enfrentar a las víctimas de un conflicto con las víctimas de la precariedad laboral".

Defensa aseguró que se habían iniciado los trámites para anular la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del ejército español y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en enero de 2015.

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Como represalia por esta cacelación, Arabia Saudí amenazó a su vez con la anulación de la compra de cinco corbetas a la empresa española Navantia, una decisióin que podría acarrear la pérdida de centenares de empleos entre los 6.000 trabajadores que la compañía contrata en Cádiz. 

Tras las protestas de los trabajadores de Navantia, el Gobierno calificó el anuncio de la paralización como "declaración de intenciones", que debería tratarse en una comisión interministerial.

En este sentido, las ONG aseguran que España debe cumplir con las leyes españolas e internacionales sobre el comercio de armas, que prohíben su exportación cuando un Gobierno tiene conocimiento de que podrían ser utilizadas para cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Por ello, piden a Defensa que plantee la revocación de la autorización del contrato firmado en 2015 en la próxima reunión de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), así como instan a otros ministerios a plantear las revocaciones de autorizaciones similares que les competan.

"Conscientes de la dramática situación de desempleo", recuerdan que "es responsabilidad del Gobierno y de las administraciones crear alternativas laborales que no conlleven la posible comisión de crímenes de guerra ni tengan un impacto negativo sobre los derechos humanos".

Los trabajadores de Navantia anuncian más movilizaciones

Este lunes, los trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando de Cádiz han anunciado que mantendrán las movilizaciones y "la presión" para que se cumpla el contrato para la construcción de cinco corbetas encargadas por Arabia Saudí.

"No nos vamos a creer nada hasta que no veamos la chapa", ha señalado Jesús Peralta, presidente del comité de empresa del astillero sobre el que está previsto que recaiga la mayor parte del trabajo de construcción de este contrato, valorado 1.813 millones de euros.

El comité de empresa de este astillero llevará el martes por la mañana a la asamblea de trabajadores la propuesta de iniciar el mismo día un amplio calendario de movilizaciones, desde cortes de carretera a manifestaciones o una huelga general, hasta que tengan la confirmación de que este contrato sigue su curso.

El comité de empresa advierte de que para desconvocar las movilizaciones es necesario que haya un comunicado oficial del Gobierno en el que se les asegure que el contrato "no sufre ninguna remora". Mientras tanto, ya anunciado que tiene previsto que la primera de las movilizaciones sea la que elijan este martes a las ocho de la mañana en asamblea los trabajadores y que se lleve a cabo según concluya la reunión.

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