Suspendido 'sine die' el juicio por la presunta estafa en la venta de preferentes de la CAM

• Las acusaciones particulares se han retirado y piden junto a la Fiscalía que se sobresea la causa
• La 'doctrina Botín' permite cerrar el caso, ya que sólo se mantiene la acusación popular de Adicae

Los ex directores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós iban a sentarse en el banquillo durante el juicio oral que empezaba este miércoles.

La Audiencia Nacional ha suspendido 'sine die' el juicio por presunta estafa en la venta de juicio por presunta estafapreferentes (CAM), después de que las acusaciones particulares se hayan retirado y sólo mantenga su denuncia Adicae, ya que tampoco la Fiscalía ejerce la acusación.

El Ministerio Fiscal ha solicitado que se aplique la denominada 'doctrina Botín' y se sobresea la causa, cuyo juicio oral estaba previsto que se desarrollara durante todo el mes de julio y en el que los ex directores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós estaban acusados de presunta estafa en la venta de preferentes.

También piden el sobreseimiento las dos acusaciones particulares que representan a más de 1.500 preferentistas, ya que consideran resarcido el daño después de que el Banco Sabadell -que compró la caja alicantina- les ofreciera la recompra de sus acciones en la entidad.

Además de las acusaciones particulares y la Fiscalía, también los abogados defensores de López Abad, Amorós, Banco Sabadell -que figuraba como responsable civil subsidiario- y la aseguradora Caser se han pronunciado a favor del sobreseimiento.

Posible aplicación de la 'doctrina Botín'

Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal debe decidir si archiva la causa o prosigue con el juicio, únicamente con Adicae como acusación popular.

La llamada 'doctrina Botín' fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Posteriormente, fue corregida por el propio Supremo con la denominada 'doctrina Atutxa', que establecía -con el argumento de salvaguardar los derechos del acusado- que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.

La fiscal Ana Cuenca ha argumentado que, al quedar únicamente Adicae como acusación popular, y puesto que los afectados por la venta de preferentes han recuperado su inversión y "no hay perjudicados", dicha acusación popular "no está legitimada" y debe aplicarse la 'doctrina Botín' y sobreseer.

Adicae: Queda sin condena "un fraude nunca visto en España ni Europa"

Tras la suspensión de la vista, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha mostrado su decepción y ha asegurado que "hubiera debido ser el tribunal el que, de oficio, comprobara que los 75.000 afectados han recuperado efectivamente su inversión", cifrada en 1.600 millones de euros.

"Los delitos están ahí, los daños a la sociedad española y a la economía están muy claros y esos no se van a resarcir porque la Justicia española no tiene capacidad para que se juzguen los daños sociales que defiende claramente Adicae, porque las preferentes de la CAM fueron criminales. Hoy la Fiscalía ha adoptado una situación vergonzosa, que es que el fraude de las preferentes no tenga ningún reproche penal, su retirada es arbitraria y sin sentido aunque consigan su propósito, que seguramente lo conseguirán", ha dicho Pardos.

Así, ha lamentado que, aunque sea cierto que se han recuperado las inversiones, queda sin condena el "fraude inmenso y nunca visto en España ni en Europa" ocasionado a las cajas de ahorros, ni el daño provocado "a la sociedad y a la economía españolas".

Por su parte, el letrado Diego de Ramón, que representa a cerca de 1.000 clientes, ha recordado a la salida de la vista que lleva en esta causa diez años, desde que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska -entonces magistrado de la Audiencia Nacional- incoó diligencias contra la venta de este producto a clientes minoristas de la caja que buscaba con esta maniobra reforzar su solvencia ante su mala situación financiera.

"Es el Estado el que nos tiene que proteger"

"Se les vendieron las preferentes como producto de ahorro cuando en verdad era un producto de inversión y, además, con vencimiento perpetuo, es decir, no había plazo de vencimiento, por lo que podrían estar 3.000 años y no cobrar", ha lamentado el letrado, que ha reconocido que se han visto "forzados a desistir" sin el apoyo de la Fiscalía. "Me siento defraudado y francamente triste porque el Estado es el que nos tiene que proteger", ha añadido.

Después de una larga instrucción de 10 años, la magistrada Carmen Lamela abrió juicio oral el pasado enero contra los dos exdirectores de la caja alicantina, aunque fue en marzo de 2016 cuando propuso inicialmente juzgarles debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos.

No ocurrió lo mismo en la investigación que se hizo en una pieza separada de las cuotas participativas emitidas por la entidad y cuya instrucción archivó en varias ocasiones al considerar que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados.

Ocultación del 'agujero' de la entidad

En lo que respecta a la venta de preferentes, la caja alicantina realizó tres emisiones: la serie A emitida en agosto de 2001 por 300 millones de euros; la B de agosto de 2002, por 160 millones de euros, y la serie C, emitida el 29 de septiembre de 2009 por importe de 850 millones, según el escrito de las acusaciones particulares.

La comercialización de la serie C a un total de 5.540 clientes se hizo en un momento en el que la Caja de Ahorros del Mediterráneo atravesaba graves problemas financieros, lo que le llevó a ocultar la verdadera situación económica de la caja y a presentar unos balances durante los ejercicios de 2011 y 2012 que reflejaban beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Finalmente, la CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y recibió una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo, en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias a su cúpula directiva.

El caso de preferentes de Caja Madrid y Bancaja, archivado

El pasado 18 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó una pieza separada del caso Bankia abierta para investigar la comercialización de preferentes de Caja Madrid y Bancaja. Esa decisión judicial se basó en que el magistrado no considera acreditado que ambas entidades emitieran estas participaciones con el objetivo de engañar a los inversores y, por tanto, niega cualquier delito de estafa por parte de las mismas.

Ese archivo ha sido recurrido ante la Audiencia Nacional por la Asociación de Clientes Financieros (ACF) al considerar que existen pruebas que acreditan "el engaño y la insensatez" de ambas entidades.

El pasado octubre, la Audiencia Nacional condenó a López Abad y Amorós, junto a otros dos antiguos miembros de la cúpula de la entidad valenciana, a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, "vulnerando" la imagen de la CAM en momentos de grave crisis.

Además, este martes, la Sección Décima de la Audiencia de Alicante declaró visto para sentencia el juicio contra 21 antiguos responsables de la CAM -entre ellos López Abad- por el cobro de 600.000 euros en dietas del expresidente de la entidad Modesto Crespo.