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La ministra de Hacienda promete más transparencia y rigor en la regla de gasto para ayuntamientos y autonomías

  • Montero asegura que será compatible con el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria
  • También revisará la petición de los ayuntamientos para destinar sus superávits a servicios públicos

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La ministra de Hacienda asegura que hará más transparente la regla de gasto, pero mantendrá la estabilidad presupuestaria

El Gobierno modificará la regla de gasto que impone limitaciones presupuestarias a las administraciones públicas para hacerla más transparente y rigurosa, pero seguirá cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con la UE.

Así lo ha manifestado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha reiterado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentará “hacer un sostenimiento para el medio plazo de las cuentas públicas sin que eso afecte a la provisión de los servicios públicos o los derechos y las oportunidades que tienen los ciudadanos”.

Según la titular de Hacienda, la aplicación de la regla de gasto del anterior Ejecutivo se caracterizó por “la falta de transparencia o la opacidad: no había una fórmula clara de contrastar cuáles eran los datos que alimentaban el cálculo de la regla y, por lo tanto, eso generaba un entorno de incertidumbre, fundamentalmente, a los ayuntamientos, pero también a las comunidades autónomas”.

Esa falta de transparencia y claridad es la que Montero se compromete a cambiar, “dando consistencia y rigor a la metodología” y creando un grupo de trabajo -"que comprometió el presidente Rajoy y nunca llevó a cabo"- para, “entre todos, definir la mejor manera de calcular la regla de gasto sin que afecte a las cuentas actuales y a los derechos de los ciudadanos”.

Además, la ministra también se ha comprometido a revisar la demanda de los ayuntamientos para “tener una mayor utilización de mal llamado superávit, que permitiera desarrollar servicios públicos que se dirigen a los ciudadanos”.

En un acuerdo puntual, su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, autorizó a las corporaciones locales a reinvertir entre 2018 y 2019 los 6.800 millones de euros que lograron de superávit en 2017.

La estabilidad presupuestaria, discrepancia con Unidos Podemos

El compromiso con la estabilidad en las cuentas públicas manifestado por Montero no coincide con la posición de Unidos Podemos, expresada en el pleno por el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón.

Este diputado ha asegurado que “el verdadero objetivo de la regla de gasto y de la mal llamada política de estabilidad presupuestaria es acabar con el Estado social, desmantelar los servicios públicos”.

Garzón ha recordado que el programa de estabilidad del anterior Gobierno plantea que, para el año 2020, el gasto público debe reducirse al 39%, cuando en 2016 estaba en 42%. “Es imposible”, ha remarcado el diputado, compatibilizar ese objetivo con el mantenimiento de los servicios públicos. “Además, la regla de gasto es una palanca para que los ayuntamientos no puedan hacer políticas en beneficio de familias trabajadoras y clases populares de sus propios municipios”, ha añadido.

La ministra de Hacienda ha constatado las diferencias entre ambas posturas, pero se ha mostrado dispuesta a negociar con la formación morada.

“A partir de ahí, tenemos la obligación de entendernos, tenemos margen para poder encontrar esos entornos en donde podamos devolver esos derechos sociales, y lo que sí es obvio es que la regla de gasto está llamada a modificarse, a hacer un cálculo más colectivo entre todos los que participamos de ella”, ha concluido María Jesús Montero.

Cómo se calcula la regla de gasto

La regla de gasto (no confundir con el techo de gasto) es una regla que vincula el aumento del gasto público al crecimiento de la economía española. Se hace a través de un coeficiente o tasa de referencia que establece el Ministerio de Economía sobre la media móvil del crecimiento del PIB. Para 2015, se fijó en 1,3%; en el 1,5% para 2016, y en el 1,7% para 2017.

Esto significa que ningún municipio puede presentar unos presupuestos con un aumento del gasto superior a esas cifras. Por eso algunos ayuntamientos y diputaciones no pueden aumentar su gasto, a pesar de que cierren sus cuentas con superávit: el remanente de tesorería, obligatoriamente, debe emplearse para amortizar deudas.

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