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Imputadas dos ex altos cargos del Gobierno de Zapatero por la financiación del PSOE valenciano

  • Se investiga un contrato de publicidad de 2008
  • Pudo servir para financiar al PSPV y al Bloc
  • Las investigadas son Etelvina Andreu y Consuelo Sánchez Naranjo

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Zapatero, junto a Etelvina Andreu, una de las investigadas.
Zapatero, junto a Etelvina Andreu, una de las investigadas. EFE

El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigadas a dos ex altos cargos del Ministerio de Sanidad durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por un contrato de publicidad de 2008 que pudo servir para financiar al PSPV y al Bloc.

Se trata de Etelvina Andreu, que fue directora general de Consumo dentro del Ministerio de Sanidad y también candidata a la Alcaldía de Alicante, y de Consuelo Sánchez Naranjo, que era subsecretaria de Sanidad y Consumo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El juzgado ha decidido investigar un concurso de publicidad del Ministerio de Sanidad de la campaña 2008, por importe de 184.138 euros ante los indicios de que pudiera haberse incurrido en delitos de prevaricación y malversación.

Cita a las dos investigadas el 21 de mayo

Por ello, ha acordado citar para el día 21 de mayo, a partir de las 10.00 horas, a las dos ex altos cargos del Ministerio de Sanidad en 2008, cuando era ministro Bernat Soria. Ese mismo día tendrán que declarar dos componentes de la Mesa de Contratación; el 24 de mayo, lo harán tres más y el 30 de mayo, otros tres.

La investigación proviene del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que detectó un posible caso de financiación irregular del PSPV y del Bloc, pero se declaró no competente para indagar porque los presuntos delitos no se habrían cometido en Valencia, motivo por el cual se inhibió en favor de los juzgados de Gandia, Benidorm y la capital de España.

La pasada semana, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid decidió abrir diligencias y citar como investigados a tres miembros de la Mesa de Contratación que adjudicó un contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2010 -del ministerio dirigido entonces por Beatriz Corredor- que también podría haberse utilizado para la financiación irregular del PSPV y del Bloc.

Las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, a favor de Crespo Gomar

Según el juzgado de Valencia que inició las pesquisas, las adjudicaciones presuntamente fraudulentas tuvieron como beneficiaria a la agencia de comunicación Crespo Gomar.

Esta empresa, supuestamente, trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.

Además de los contratos de Vivienda y Sanidad, se investigan otros adjudicados a empresas del mismo grupo de comunicación desde los consistorios de Gandia y Benidorm bajo gobiernos socialistas y con el Ministerio de Medioambiente a través de las empresas públicas Acuamed y Aguas del Júcar.

Investigación desde 2016 por presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc

La investigación del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se abrió en diciembre de 2016 tras recibir un informe del Cuerpo Nacional de Policía sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc.

La jueza de Valencia consideró que "indiciariamente" podría tratarse de un caso de financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.

"Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar", expuso la jueza en su auto.

En este auto de inhibición hizo referencia a un informe que ella misma encargó a la Intervención General del Estado, que constató irregularidades en la "práctica totalidad" de expedientes de contratación analizados.

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