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Caso Brugal

Los exalcaldes de Alicante Díaz Alperi y Castedo, a juicio por el presunto amaño del PGOU

  • La Fiscalía solicita penas que suman diez años de prisión para ambos 
  • También serán juzgados el empresario Enrique Ortiz y otras seis personas
  • Se les acusa de aceptar dádivas personales del empresario para favorecerle

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La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en una imagen de 2015
La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en una imagen de 2015. EFE

Los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, se sentarán en el banquillo de los acusados por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Junto a Díaz Alperi y Castedo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) también juzgará al empresario Enrique Ortiz y otras seis personas más por cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos.

Se trata de Virgilio Ortiz (hermano de Enrique Ortiz); los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y los empresarios Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez.

En el auto de apertura de juicio oral, el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, fija una fianza civil de 1.339.249 euros a la que tendrán que hacer frente de forma conjunta y solidaria los nueve encausados antes de la vista, cantidad que corresponde a la que gastó el ayuntamiento de la ciudad en los trabajos del nuevo plan urbanístico, al que renunció el sucesor de Castedo, el también 'popular' Miguel Valor, tras la dimisión de esta como alcaldesa.

Piden diez años de prisión

En esta causa derivada del llamado caso Brugal, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 y 24 años, respectivamente, por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del urbanismo de la ciudad. Por su parte, para Ortiz, reclama ocho años de prisión y diez años de inhabilitación.

El juez ha excluido de los delitos de los que se acusa a Ortiz el de aprovechamiento de información privilegiado, aunque tanto Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular, y Esquerra Unida, que está personada como acusación popular, sí lo han incluido su acusación y piden penas de cárcel para el empresario por esa infracción penal.

Además de las penas privativas de libertad, Fiscalía pide multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con el de prevaricación.

Dádivas del empresario y "connivencia" para beneficiarle

El fiscal, Felipe Briones, sostiene que los exalcaldes aceptaron entre 2008 y 2010 diversas dádivas de Ortiz a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento y de facilitarle datos que eran aún confidenciales.

"Esas dádivas no se materializaban en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido sino en un ofrecimiento permanente en cuanto pensara que sería del agrado de aquellos, o dando satisfacción a los intereses conforme le eran demandados", precisa Anticorrupción en su informe, al que ha tenido acceso Efe.

La acusación pública cifra el importe de esos supuestos regalos en 453.157 euros a favor de Díaz Alperi, tanto por un viaje en avión privado a la isla de Creta como por aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo. En el caso de Sonia Castedo, la cifra estimada por el fiscal rondaría los 260.000 euros por diversos viajes de ocio, un coche o una chaqueta, entre otras cosas.

Para Anticorrupción, los dos políticos deberían haberse abstenido de todos los expedientes que afectaran al constructor por su amistad con él, pero en cambio se "prevalieron" de sus cargos para vulnerar "sistemáticamente" la confidencialidad de la revisión del PGOU.

Esa supuesta "connivencia" permitió al empresario y a sus empleados "marcar las pautas que más le beneficiasen y minimizar cuanto pudiera perjudicarle", además de adelantarse a la adquisición de terrenos que iban a ser recalificados en un futuro, siempre según la versión acusatoria.

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