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Violencia de Género

Amnistía Internacional denuncia la invisibilidad de la violencia sexual en España

  • Según datos de 2016, 1,7 millones de mujeres han sufrido violencia sexual 
  • La falta de reconocimiento deriva en la revictimización de las agredidas
  • La ONG considera que España inclumple los estándares internacionales

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La mitad de las víctimas de delitos sexuales en España durante 2017 fueron menores de edad
La mitad de las víctimas de delitos sexuales en España durante 2017 fueron menores de edad THINKSTOCK

La ONG Amnistía Internacional considera que a pesar de los avances legislativos en la lucha contra la violencia de género en España persisten importantes lagunas. Por eso, a dos días de que se conmemore el día internacional contra la violencia de género, en un país en el que desde 2008 ha muerto casi un millar de personas por este tipo de violencia, denuncian, entre otros aspectos, la invisibilidad de las víctimas de agresión sexual.

Una invisibilidad que supone una revictimización en algunos casos y que parte desde la falta de una cuantificación rigurosa de las personas afectadas. Para establecer un marco, Amnistía recoge el dato de 2015 de la Macroencuentas contra la Violencia de Género que registra que el 1,4 millones de niñas y mujeres, el 7,2% de esta población, han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida.

Una cifra que dista mucho de los datos facilitados por el Ministerio del Interior, que solo atiende al número de denuncias. Según estos datos públicos, en 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 inlcuyen agresiones contra la libertad e identidad sexual (agresiones, abusos, acoso o contacto con menores a través de tecnología).

Amnistía Internacional, sin embargo, denuncia especialmente que las instituciones desatienden desde la prevención hasta la reparación de las mujeres que ha sufrido agresiones sexuales.

Las instituciones no cumplen 

Consideran que desde el ámbito público no se está haciendo un esfuerzo suficiente de sensibilización, que no hay recursos para servicios especializados de atención, y que los agentes que intervienen no están sufiencientemente especializados.

Esta desatención consolida además, en opinión de la organización internacional, la persistencia de prejuicios discriminatorios que debilitan los derechos de estas víctimas en el proceso judicial.

Considera la ONG que, a diferencia de lo que ocurre con otors delitos, las mujeres afectadas por violencia de género se enfrentan a prejuicios por parte de las autoridades que ponen en duda la credibilidad de los testimonios, lo que supone una doble 'agresión' al tener que demostrar la veracidad de su relato.

"Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo  estos días en el juicio  que se está celebrando en Pamplona", según Virginia Álvarez, reponsable de política interior de Amnistía Internacional España.

La organización recuerda que los estándares internacionales exigen a los Estados promover campañas de prevención, eliminar todas las barreras que impidan el acceso a la justicia y servicios de asistencia gratuita y especializada, y evitar la revictimización de la afectada.

Obligaciones internacionales incumplidas

España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual, asegura Amnistía Internacional.

La ONG destaca que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual, a pesar de que plantea 212 medidas, algunas de las cuales estaban en la ley integral de 2004 pero no han sido impletementadas.

Para Amnistía Internacional es necesario que el Gobierno concrete medidas, como el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional, con al menos, un Centro de Crisis por cada 200.000 mujeres, y como mínimo, uno por cada Comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa.

La organización internacional solicita también medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición.

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