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El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva AFP / Miguel Schincariol

La Justicia de Brasil admite a trámite una nueva denuncia por corrupción contra Lula Da Silva

  • El expresidente acumula siete procesos judiciales en su contra

  • Se le acusa de beneficiar con favores políticos al sector de la automoción

  • Fue condenado en primera instancia a 9 años y medio de prisión por Petrobras

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Un juez federal de Brasilia ha aceptado una nueva denuncia contra el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, ya condenado a nueve años y medios de prisión en primera instancia por el caso Petrobras, por un supuesto delito de corrupción pasiva.

La querella supone el séptimo proceso judicial contra el exmandatario, la mayoría relacionados con la trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras. 

El que fuera ministro con Lula, Gilberto Carvalho y secretario de Presidencia con Dilma Rousseff, también responderá ante la Justicia por corrupción pasiva.

Seis millones de reales a cambio de favores políticos

En esta causa, Lula está acusado de editar, a cambio de supuestos sobornos, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años.

Según la querella, las compañías implicadas prometieron seis millones de reales (cerca de 1,5 millones de euros) a Lula y Carvalho a cambio de favores políticos que se materializaron en esa medida legislativa firmada en 2009 por el carismático líder.

Los agentes públicos, infringiendo el deber funcional, favorecieron a las cadenas de montaje de vehículos MMC (Mitsubishi) y Caoa al editar, con celeridad y procedimientos atípicos" una medida legislativa "exactamente en los términos encomendados" por esas empresas, afirmala Fiscalía en la denuncia.

La carrera presidencial de Lula, en peligro

Lula, al que los sondeos electorales sitúan en primer puesto y que ha manifestado su intención de presentarse a los comicios presidenciales de 2018, podría ver inhabilitada su candidatura en caso de que un tribunal ratifique la sentencia.

Por otro lado, el juez también ha admitido a trámite los cargos por corrupción activa contra tres empresarios, un lobi y un exconsejero del Consejo Administrativo del Fisco brasileño.

Este proceso se enmarca dentro de la "Operación Zelotes", que desde 2015 estudia supuestas irregularidades en CARF, departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos, y que ya ha salpicado a importantes banqueros y políticos.

El magistrado ha fijado un plazo de diez días para que las defensas presenten las cuestiones preliminares y llamen a sus testigos.

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