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La diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña Anna Gabriel
La diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña Anna Gabriel. EFE

La CUP afirma que sus alcaldes no declararán ante la Fiscalía

  • Responde con insumisión a la orden enviada por el fiscal general del Estado

  • Además, insta al resto de fuerzas políticas a actuar de la misma manera

  • Los municipios prorreferéndum llaman a declarar: "No tienen nada que esconder"

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La CUP ha replicado con insumisión a la instrucción enviada por el fiscal general del Estado para solicitar la citación como investigados de los alcaldes que firmaron decretos para apoyar el referéndum independentista del 1 de octubre y que ponían a disposición de la Generalitat los locales necesarios para votar. En un comunicado han hecho saber que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente a los juzgados y, además, la formación antisistema insta al resto de fuerzas polìticas a actuar de la misma forma.

La CUP, que gobierna en 28 ayuntamientos y, en otros dos - Sabadell y Badalona-, forma parte de la coalición que lidera los consistorios, se ampara para ello en la ley del referéndum aprobada en el Parlament la semana pasada con los votos de Junts pel Sí y de su formación, y en la "legitimidad democrática mayoritaria de los catalanes y catalanas que quieren ejercer su derecho a voto el próximo 1 de octubre".

De esta manera, los anticapitalistas retan al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, ha pedido que se cite a declarar como investigados (imputados) a los alcaldes de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han apoyado oficialmente el referéndum del 1-O y, en caso de no comparecer, ordena que los Mossos d'Esquadra los detengan.

Empezando por los municipios de mayor tamaño, el fiscal ordena abrir diligencias a cada uno de los consistorios de esa lista y que su alcalde sea citado por la policía judicial para declarar, asistido de un letrado, por los "presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal".

La CUP: La Fiscalía no tiene competencias

Además, la CUP denuncia en su comunicado que la Fiscalía General del Estado, "limitada por su estatuto, no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación. Ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite de competencias vulnerando derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad".

La AMI y la ACM llaman a los alcaldes a declarar "porque no tienen nada que esconder"

La formación independentista concluye señalando la actuación "demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del Estado ordenando unas detenciones con el único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos".

Poco después, los alcaldes prorreferéndum representados en la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han convocado un acto de protesta el sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, después de que la Fiscalía haya citado a los regidores como investigados bajo advertencia de detención.

La presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha considerado "un hecho sin precedentes en un país europeo" la instrucción del fiscal general del Estado, y ha asegurado, junto al presidente de la ACM, Miquel Buch, que ambas entidades municipalistas han pactado continuar adelante con el referéndum así como que los alcaldes afectados "irán a declarar, porque no tienen nada que esconder", algo en lo que incluye a los alcaldes de la CUP: "Unos alcaldes lo harán voluntariamente y otros no, pero todos iremos a declarar".

En la misma línea, el conseller de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, ha asegurado en un acto en Madrid que la instrucción del fiscal general del Estado solo sirve para "incrementar" el compromiso independentista. "Cada día nos dan un motivo más", ha dicho. A su juicio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene "un claro problema de percepción de la realidad" en Cataluña porque "la mayoría" "quiere decidir votando y quiere que se pongan las urnas" y no hará caso de las "amenazas".

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