El Tribunal de Cuentas pide fiscalizar las fundaciones de los partidos para evitar el desvío de fondos

• Para evitar que éstas se utilicen para financiar a los partidos al margen de la ley
• El presidente del Tribunal ha acudido a la Comisión Anticorrupción del Congreso
• Otra de sus propuestas es que se regulen las nuevas formas de financiación

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón María Álvarez de Miranda, en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha reclamado en el Congreso una reforma legal que dé más poder a este órgano para fiscalizar las cuentas de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, más allá del ámbito de las subvenciones, de manera que se pueda evitar que éstas se utilicen para financiar a los partidos al margen de la ley.

También ha pedido que se apliquen a las fundaciones los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en materia de donaciones.

Así lo ha expuesto Álvarez de Miranda ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido dentro de la ronda de comparecencias convocadas por éste órgano para recabar propuestas destinadas a mejorar el actual régimen de financiación de los partidos políticos.

Ha explicado que "es cierto que no se permite a las fundaciones asumir gastos que corresponden a los partidos", en la medida en que éstas pueden hacer aportaciones a las formaciones políticas, "se produce un corte en la secuencia de control, de manera que, por vía indirecta, los partidos podrían recibir fondos que no pueden obtener directamente".

Álvarez de Miranda, ha puesto de manifiesto que el Tribunal tiene limitada su actividad fiscalizadora sobre las fundaciones a la regularidad de las aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes.

Diferenciar "entre los conceptos de aportaciones y donaciones"

También en relación con las fundaciones, el presidente del Tribunal de Cuentas ha reclamado que se defina claramente en la ley "la diferencia entre los conceptos de aportaciones y donaciones", dado que su distinción semántica puede dar lugar a distintas interpretaciones.

Otra de sus propuestas es que se regulen de forma "detallada" las nuevas formas de financiación, en especial las operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos" -que utilizan formaciones como Podemos-, cuya fiscalización, ha dicho, "implica verificar la regularidad de esta financiación conforme a las condiciones estipuladas para su devolución".

Respecto a la financiación de las campañas electorales, Álvarez de Miranda es partidario de que todas las donaciones que se realicen en periodo electoral se entiendan que son para financiar ese proceso y también ha pedido medidas para "paliar la falta de correspondencia entre el límite máximos de gastos electoral y el importe de la subvención a percibir".

La necesidad de adecuar los límites de gasto en publicidad electoral a los nuevos soportes publicitarios que brindan las nuevas tecnologías, así como la evaluación de la eficiencia del envío de sobres y papeletas de propaganda electoral, han sido otras de las sugerencias que Álvarez de la Mesa ha dejado en el Congreso.

Todas estas medidas, según el presidente del Tribunal de Cuentas, deberían ir acompañadas de medios coercitivos para que el fiscalizador pueda exigir la colaboración de otros entes para el cumplimiento de sus funciones, ya sean en materia fiscalizadora o jurisdiccional.

El Tribunal de Cuentas no es un órgano anticorrupción

Álvarez de Miranda ha explicado que uno de los problemas con los que se topa el Tribunal es que algunos de los proveedores que contratan con los partidos no les envían información y ha sugerido la posibilidad de que la Agencia Tributaria pudiera facilitarles el volumen anual de operaciones de las empresas que trabajan con partidos para detectar si existen disfunciones.

Respecto a las elecciones locales, ha avisado de que el límite máximo de gastos para las formaciones pequeñas "puede ser inferior a la subvención que procedería en caso de obtener representación" y de que en muchas ocasiones, dicho límite máximo "es manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral". A esto se une que si se superan esos topes se puede imponer una sanción que "suele ser desproporcionada".

En un momento de su intervención, Álvarez de Miranda ha puntualizado que "el Tribunal de Cuentas no tiene la naturaleza de un órgano anticorrupción", ni cuenta con las atribuciones y los instrumentos necesarios para actuar como tal, lo que ha provocado sorpresa en algunos grupos parlamentarios.

Según ha detallado, el Tribunal cuenta actualmente con 750 funcionarios, pero debería tener más para "ponerse al día" y evitar el retraso en sus fiscalizaciones, un asunto que se ha comprometido a arreglar. Además, ha deslizado que el presupuesto de este órgano es inferior al de otros similares de países de nuestro entorno.