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Imagen de archivo de labores de estiba en Castellón
Imagen de archivo de labores de estiba en Castellón EFE/Domenech Castelló

Puertos pendientes de un hilo: las claves de la liberalización de la estiba

  • El Congreso convalidó un segundo decreto ley para liberalizar la estiba

  • Los estibadores irán a la huelga aunque mantienen abierto el diálogo social

  • La CE avala la normativa pero remite al TJUE la decisión sobre la multa

  • Queda pendiente la aprobación del reglamento que desarrollará los cambios 

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Los puertos españoles están pendientes de un hilo ante el conflicto desatado con el sector de la estiba -la manipulación y distribución de la carga para buques- por la adaptación a la normativa europea.

El Gobierno, con el respaldo del Congreso a su segundo decreto, ha conseguido cerrar el frente institucional con la Unión Europea, pero lejos de sellar el frente laboral se apresta a una batalla en los muelles. Y aún está pendiente la aprobación del reglamento que desarrollará los cambios más conflictivos de la reforma.

La Comisión Europea ha dado el visto bueno al segundo decreto para liberalizar la estiba y está por ver si se saldará la multa de 24 millones alimentada desde 2014. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre de ese año que la forma en la que se organiza el sector es incompatible con la competencia y que España debe liberalizar el sector.

El Gobierno ha presentado dos decretos ley, el primero tumbado por el Congreso, que según los trabajadores van más allá de lo que exige la Comisión y el tribunal comunitario. 

¿Qué ha cambiado respecto al primer decreto?

Entre el 24 de febrero, que se firmó el primer decreto, hasta el 19 de mayo en el que se convalidó en el Congreso un segundo decreto, se mantuvo un proceso de diálogo entre patronal y sindicatos con mediación del presidente del Consejo Económico y Social.

El resultado de esa mediación no resolvió el conflicto pero se avanzaron algunas condiciones relacionadas con prejubilaciones y formación, que ahora el Gobierno incluirá en un decreto adicional sin rango de ley como principal innovación respecto al decreto rechazado.

¿Y ahora, qué?

Los estibadores ya han anunciado que irán a la huelga porque quieren garantías por ley para su empleo; y los empresarios han denunciado huelgas encubiertas y quieren que se acabe en el regimen de monopolio en la estiba.

El Gobierno ha pedido responsabilidad a las partes y que negocien las demandas de los más de 6.000 trabajadores de la estiba en los convenios colectivos.

El conflicto se acelera ahora en el terreno laboral, con la convocatoria de huelga en los puertos durante los meses de mayo y junio.

La dimensión del conflicto tendría graves consecuencias para la economía si derivarán en huelgas en un sector estratégico como la estiba, porque los puertos son el lugar de distribución del 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones, según la patronal, con más de 200.000 millones de euros en movimiento al año, equivalente al 20% del PIB.

¿Qué sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)?

El TJUE dio la razón el 14 de diciembre de 2014 a la Comisión Europea que consideraba que la legislación española se estaban dando trabas a la libre contratación y establecimiento. Según la Corte, la normativa española "impide a las empresas estibadoras extranjeras establecerse en los puertos españoles".

La Corte de Luxemburgo rechaza además que las empresas operadoras tengan que participar en las Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios).

España argumentó que efectivamente la normativa restringe la libertad de establecimiento pero que el servicio es de interés general con obligaciones de servicio público y además protege a los trabajadores. El TJUE consideró que esta regulación iba más allá de lo necesario para cumplir esos objetivos.

El incumplimiento de esa sentencia y un segundo fallo que ya se tramitaba hubiera acarreado a España una nueva multa de más de 134.000 euros diarios. La Comisión Europea que inició el conflicto en 2013 ha denunciado a España por segunda vez.

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¿Cómo funcionaba la estiba en España?

Los estibadores es un colectivo de trabajadores de 6.150 personas que se agrupan en más de un 98% en la Coordinador Estatal de Trabajadores del Mar (CETM). Para trabajar en la carga, descarga y colocación de las mercancias de los barcos había que estar inscrito en las Sagep, sociedades anónimas de gestión de empleados de los puertos, instalados en las principales 46 terminales del país. Estas Sagep, en las que deben participar las operadoras de estiba, reparten las jornadas de trabajo y seleccionan y forman al personal.

¿Qué recoge el decreto ley?

El Gobierno sustituye en su decreto las Sagep por centros de empleo portuario, abiertos a la libertad de establecimiento y contratación. Establece un periodo transitorio de tres años, obligando a las empresas a contratar durante el primer año al 75% del personal de las Sagep, el segundo al 50%, en el tercero al 25%. Tras este período no habrá obligaciones para las empresas y se daría por concluida la liberalización.

El personal que acceda a la contratación necesitará 100 jornadas de experiencia en la estiba, con independencia de la formación para la que en el segundo decreto no se exige una titulación. 

Las autoridades portuarias, además, se comprometen a compensar los costes por despido, lo que en opinión del ministro de Fomento, ofrecerá más posibilidades a los actuales estibadores para ser contratados. La CETM considera, sin embargo, que es una forma de traspasar los costes de su despido al Estado, cuando se trata de un colectivo que actualmente trabaja para una empresa privada.

En el borrador del decreto, al que ha tenido acceso EFE, Fomento confirma subsidios a los estibadores de mayor edad que voluntariamente rescindan su contrato con la Sagep por una cuantía mensual del 70 % del salario de los últimos seis meses antes de producirse la baja.

La ayuda especial que recibirá el trabajador por prejubilarse consistirá en un subsidio mensual y en la cotización a la Seguridad Social durante su período de percepción y se prolongaría por un máximo de 60 meses.

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¿Qué piden los trabajadores?

Los estibadores creen que la liberalización que plantea al Gobierno es un "ERE encubierto", subvencionado por el Estado con fondos públicos, que les aboca al despido al día siguiente de la entrada en vigor y a volver a negociar una protección que el sector se ha ido ganando. 

Los estibadores pedían un registro de trabajadores en cada puerto, donde se inscriban los estibadores disponibles, y la subrogación de sus actuales contratos. 

Los trabajadores de la estiba aseguran que su trabajo exige una cualificación técnica por, al menos, dos motivos: la seguridad y el mantenimiento del nivel de productividad actual. 

El colectivo al que pone voz Antolín Goya, estibador canario, a través de la Coordinadora del Mar asegura que el éxito del trabajo portuario se debe a la profesionalización y organización actual. 

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¿Qué piden los empresarios?

Las empresas de estiba como colectivo a través de Anesco, Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques, y de PIPE, Plataforma de inversores en puertos de España - Noatum, OHL Concesiones, Algeposa, Boluda o Bergé, entre otras-, defienden el decreto del Gobierno que propone la liberalización total del sector. 

Anesco mantiene abierto el diálogo con los trabajadores. En el último encuentro, el único tras el decreto ley, acordaron constituir formalmente una mesa de negociación. 

Los estibadores quieren un compromiso sobre sus contratos que querrían elevar al decreto del gobierno o una ley de ámbito estatal. Los empresarios se han comprometido a cuantificar cuántos de los actuales trabajadores asumirían las empresas.

La plataforma PIPE ha sido la más dura con dura con los estibadores, al que considera "el último sindicato vertical", una anomalía de "trabajadores privilegiados". Creen que la reforma del sector permitirá bajar los costes y ser más competitivos.

Asegura desde PIPE que el problema no es que se pague a los estibadores "130.000 euros por seis horas de trabajo" sino la rigidez del sistema, que impide que los empresarios no pueden determinar a quién contratan, a quién premian o cómo reparten la tarea.

Algunas empresas como APM Terminal, Hutchison y Grimaldi, llegaron a acuerdos con los estibadores, lo que los representantes han esgrimido en las reuniones. Piden lso estibadores que se respeten pactos que han servido para los empresas, aunque según la patronal , se estaban obteniendo firmas mediante "presiones".

¿Qué repercusión tiene para la economía el trabajo del estibador?

Para medir la importancia del trabajo, el valor de la mercancía que se mueve por los puertos en exportaciones e importaciones alcanza los 200.000 millones de euros al año (20% del PIB). 

El Gobierno, según la memoria económica del decreto, cuantifica el impacto positivo de la liberalización en en 2.000 millones de euros, con una reducción de los costes portuarios del 30%. Las cifras coinciden con los datos de la patronal.

Aproximadamente, la estiba acapara el 51% de los costes de manipulación de mercancía en un puerto, según un estudio de la consultora PwC para la patronal, citado por medios como 'El Confidencial', que sitúa el salario medio anual en 68.000 euros.

Los estibadores defienden la dificultad de establecer un cálculo y que nunca saben lo que cobrabarán a final de mes puesto que su salario se compone en el 80% de la carga de trabajo, de lo que produzcan a diario. Si el puerto no es atractivo o competitivo repercute por tanto en su salario.

Según la patronal, la liberalización del sector permitiría la contratación de 18.000 trabajadores, lo que supondría triplicar las plantillas actuales.

La plataforma PIPE considera que una huelga tendría un coste para la economía de 50 millones de euros diarios, incluso cumpliendo los servicios mínimos que garantizan el 50% de la carga de trabajo y la distribución de productos perecederos.

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