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Bruselas llevará a España a la justicia europea por no trasponer la directiva sobre créditos hipotecarios

  • En marzo de 2016 expiró el plazo para incorporarla a la legislación española
  • El Gobierno espera tener lista la ley antes de que el TJUE dicte sentencia
  • La Comisión también llevará a la justicia a Croacia, Chipre y Portugal

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Entrada al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo
Entrada al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo

La Comisión Europea (CE) ha decidido este jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado "completamente" en su legislación la normativa europea sobre créditos hipotecarios junto a Croacia, Chipre y Portugal.

Estos cuatro países europeos tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley, según ha precisado en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que ya había les pidió formalmente en 2015 que implementasen la directiva.

El Gobierno español confía en poder tener la norma antes de que el TJUE se pronuncie, según han explicado fuentes del Ministerio de Economía a Efe y Europa Press tras conocer la decisión de Bruselas.

"Estamos trabajando para alcanzar el consenso necesario que permita superar el trámite parlamentario, cuestión que no solo depende del Gobierno", han señalado estas mismas fuentes, que argumentan que en 2016 no se pudo avanzar en la trasposición de la normativa al encontrarse el Gobierno en funciones.

El objetivo de la directiva europea es "crear un mercado de crédito hipotecario en toda la Unión Europea con un nivel elevado de protección de los consumidores". Por este motivo, la Comisión recuerda que su no aplicación priva a los consumidores de estos países de disponer de la protección que otorga cuando suscriben préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos.

Privación de ofertas más ventajosas

Sin la directiva, adoptada el 4 de febrero de 2014, los intermediarios de crédito tampoco pueden contar con un pasaporte para sus actividades comerciales, lo cual "priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros", ha explicado Bruselas.

El Ejecutivo europeo ha asegurado que esa situación "dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos".

La norma introduce la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que busca permitir a los prestatarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato hipotecario; medidas para evaluar la solvencia de los solicitantes de una hipoteca y principios para autorizar y registrar a los intermediarios de crédito.

Asimismo, posee disposiciones relativas al reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria.