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La Fiscalía denuncia a Dancausa y al hermano de Ignacio González por un delito societario en Mercamadrid

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La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa
La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, en una imagen de archivo.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, entonces concejala de la exalcaldesa Ana Botella, y el hermano de Ignacio González, Pablo, por un presunto delito societario.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado la presentación de dicha denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid contra las 16 personas que formaban parte del Consejo de esa empresa pública en 2013.

En la misma, se solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. , que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".

El Gobierno de Manuela Carmena, que ha pedido la dimisión de Dancausa, llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año. En ese informe los denunciantes hablaban de presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51%, con "responsabilidades políticas por mala gestión".

Uno de los denunciados es el hermano de Ignacio González, detenido y encarcelado en el marco de la operación Lezo por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.

Otros doce altos cargos de los consejos de administración de Mercamadrid y Mercasa serán investigados, entre ellos, el exprimer teniente de alcalde del Gobierno municipal de Ana Botella, José Enrique Núñez; la jefa de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa, Silvia Llerena Muñoz, y el promotor inmobiliario José Domingo Rodríguez Losada.

Dancausa niega las irregularidades denunciadas

La actual representante del Gobierno de Mariano Rajoy en Madrid ha negado este martes que Mercamadrid, empresa que presidió durante año y medio cuando era concejal de la capital, cometiera irregularidades en una operación inmobiliaria denunciada por la Fiscalía.

En declaraciones a Servimedia, Dancausa sostiene que "en ningún caso" ha sido encausada por esta operación, "sino que la Fiscalía lo que hace es dar traslado para que el Decanato determine si procede abrir una causa judicial por un delito societario del artículo 295 del Código Penal (administración desleal) contra el Consejo de Administración de Mercamadrid".

Al mismo tiempo, sostiene que respeta la decisión de la Fiscalía de Madrid, aunque no la comparte "en absoluto". "No obstante", añade, "si los tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para hacer las aclaraciones que consideren oportunas para facilitarles la labor".

Daño patrimonial de 11 millones de euros

En el informe de la denuncia del actual equipo de Gobierno municipal se narra que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado.

Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".

Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

La oposición pide la destitución de Dancausa

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha exigido formalmente la destitución de Dancausa ya que no cumple las condiciones para ejercer su labor de coordinación de las fuerzas de seguridad en la Comunidad de Madrid, y como su cargo no es de elección ciudadana, sino de nombramiento, debe ser destituida "inmediatamente".

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, César Zafra, también ha confirmado que su formación pedirá la dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid, si es imputada por el caso Mercamadrid.  "No vamos a permitir que haya ningún imputado en el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha añadido.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, el concejal Carlos Sánchez Mato (Economía y Hacienda) ha dicho que "es el momento de que dimita, y si no que sea cesada de manera inmediata y que se dignificque el puesto que debe ir unido a una enorme honestidad y honradez que en este caso está puesta en cuestión por la Fiscalía".

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha lamentado "profundamente" que "sigan apareciendo estos casos" donde consta "nada menos" que el nombre de Dancausa un día después de la dimisión de Esperanza Aguirre como edil y portavoz del grupo municipal tras el encarcelamiento de su sucesor, Ignacio González, por el caso Lezo.