Enlaces accesibilidad

El Gobierno recogerá los pactos de la negociación de la estiba en un real decreto sin rango de ley

  • Insiste en la "urgencia" de aprobarlo y en el veto de la Comisión Europea
  • Habrá Decreto ley parecido al rechazado del que colgará otro con el pacto laboral
  • Fomento insiste en relicitar la autopistas de peaje una vez que las asuma

Por
El Gobierno recogerá los pactos de la negociación de la estiba en un real decreto sin rango de ley

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, espera resolver con "urgencia" la liberalización de la estiba, después de que el expediente que puede motivar una segunda sentencia contra España esté ya en manos de los tres jueces del Tribunal de la Unión Europea y que elevaría la multa diaria de de 27.000 a 130.000 euros diarios.

La fórmula que ha avanzado De la Serna en Los Desayunos de TVE pasa por aprobar un real decreto sin rango de ley en el que se recojan los aspectos pactados con el mediador, Marcos Peña, en el que según el ministro se garantiza la subrogación del empleo, medidas para mejorar la productividad de los puertos y ayudas al sector por valor de 120 millones de euros.

El Gobierno remitirá a los sindicatos y la patronal el Real Decreto "en cuanto finalice la redacción del mismo" y quedará colgado de un Real Decreto Ley, que no ha especificado su alcance pero que básicamente recogerá lo que ya fue rechazado en el Congreso, en principio, por falta de negociación con las partes, en el caso de Ciudadanos, y por problemas de contenido con el resto de fuerzas políticas, expecto el PNV.

Fomento respondió en un comunicado a la petición realizada en la mañana de este lunes por los estibadores, urgiendo al Ministerio a facilitar el borrador del Real Decreto para poder analizarlo y realizar las correspondientes alegaciones antes de que sea aprobado en Consejo de Ministros, que el Real Decreto que incluirá el nuevo Real Decreto Ley "será fruto de la mesa de diálogo social, tal y como han pedido los grupos políticos".

Los trabajadores de los puertos han mantenido durante todo el conflicto la exigencia de que la subrogación de sus contratos queden recogidos en el decreto ley, mientras Fomento se ha aferrado a que la Comisión Europea rechaza que se puede hacer esa vinculación.

La autopistas "vuelven a ser viables" si no se considera la 'mochila'

Por otro lado, el titular de Fomento ha insistido en que el Estado no se quedará con las autopistas en quiebra que tenga que rescatar, sino que las sacará de nuevo a concurso para volver a ceder su explotación a empresas privadas, gracias a que actualmente "vuelven a ser viables".

El Departamento que dirige Iñigo de la Serna obtendrá así recursos para afrontar "en gran medida" el coste de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) y evitar que recaiga en las arcas públicas, ha asegurado De la Serna.

La RPA es el importe que la Administración debe abonar a los actuales concesionarios de las autopistas en el momento en que reviertan al Estado por la inversión que realizaron en su construcción, una 'factura' "inferior a los 3.000 millones de euros", según el ministro, pero que el sector calcula en unos 5.000 millones.

Además, al ceder de nuevo en concesión las autopistas al sector privado, Fomento busca evitar también el coste que las autopistas suponen en términos de mantenimiento, conservación y personal, estimado en unos 65 millones de euros anuales.

Asimismo, asegura que la nueva contratación de las vías se haría ya con la garantía de que no volverán a caer en la situación en que se encuentran, dado que, según Fomento, se han llevado a cabo los cambios legislativos necesarios".

Fomento cambia de estrategia y plantea este nuevo escenario para las ocho autopistas de peaje quebradas desde 2012 gracias a que, según el ministro, ahora han vuelto a ser viables. "Son viables si no se considera su 'mochila'", matizó en referencia a la deuda de unos 3.200 millones de euros que soportan.