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Caso Pretoria

El exdiputado del PSC presunto líder de la trama Pretoria dice que Alavedra y Prenafeta cobraron comisiones del 4%

  • Macià Alavedra y Lluís Prenafeta eran hombres de confianza de Jordi Pujol
  • La Fiscalía pide 8 años de prisión y 22,6 millones de euros de multa para "Luigi"
  • Le acusan de haber ocultado al fisco 5,9 millones de euros
  • Pese a las grabaciones reproducidas en la sala, ha negado las acusaciones

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El exdiputado socialista Luis Andrés García, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares donde hoy arranca el juicio por la trama Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña
El exdiputado socialista Luis Andrés García, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares donde hoy arranca el juicio por la trama Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña

El exdiputado del Partido Socialista de Cataluña, Luis Andrés García, conocido como "Luigi", considerado por la Fiscalía cerebro de la operación Pretoria ha admitido que el exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra, ambos hombres de confianza de Jordi Pujol, cobraron una comisión del 4% por mediar en dos operaciones urbanísticas.

Sin embargo, ha negado haber intermediado entre ayuntamientos barceloneses y empresarios para beneficiar a éstos a cambio de comisiones, así como ha negado haber actuado como "conseguidor" de dicha trama de corrupción urbanística.

Se trata de las operaciones "Badalona" y "Niesma", relacionadas con la compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de Badalona y en torno a dos fincas en San Andrés en las que, según la Fiscalía, los tres acusados ejercieron una "situación de dominio" en el ámbito de las adjudicaciones públicas.

"En ningún caso he intervenido, intermediado ni gestionado por cuenta de terceros ninguna operación urbanística", ha asegurado este miércoles el principal acusado del juicio Pretoria, en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, y para quien la Fiscalía pide 8 años de prisión y 22,6 millones de euros de multa por tres delitos continuados de tráfico de influencias y otro de blanqueo.

La Fiscalía cree que "Luigi" lideró "un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas" ejerciendo una influencia "notoria" sobre los cargos públicos encargados de decidir sobre las mismas y percibiendo un total de 5,9 millones de euros que ocultó al fisco a través de sociedades opacas.

Las grabaciones desmienten a "Luigi"

Según su testimonio y en contra de lo que considera la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, él "nunca" informó a empresarios acerca de los concursos públicos que salían en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras, a los que presuntamente la trama defraudó unos 45 millones de euros.

Sin embargo, grabaciones reproducidas en la sala han demostrado que "Luigi" ofrecía información a los empresarios del estado de algunos informes pendientes de aprobación por alguno de los citados ayuntamientos, según le ha hecho ver además la fiscal.

Ha especificado también que "en absoluto" controló ni gestionó a quién se le iban a conceder las adjudicaciones de los proyectos urbanísticos de los mencionados municipios ni que tuviese información privilegiada por parte de los consistorios.

"A mí nadie me daba información sobre plenos, que quede claro. No tenía información privada extraordinaria de ninguna administración", ha dicho.

El exdiputado socialista en el Parlamento catalán entre 1980 y 1988 ha dicho que la acusación de la Fiscalía sobre él es "absurda" e "imposible" si se sabe cómo funciona una administración pública porque, además, ha añadido, "el señor Bartolomé Muñoz -entonces alcalde de Santa Coloma de Gramanet- jamás habría dejado que una persona ajena al Ayuntamiento dirigiese nada".

Y ha reiterado: "Nunca he tenido ningún poder en el Ayuntamiento de Santa Coloma, de ningún tipo ni he direccionado ningún concurso".

"Luigi" niega haber influido en la "Operación Pallaresa"

También se ha referido a la "Operación Pallaresa", por la que presuntamente, junto con Muñoz y el entonces responsable de Urbanismo Manuel Dobarco, intervino en la revalorización de terrenos y consiguió que la empresa que administraba el también acusado José Singla, Proinosa, resultase adjudicataria pese a no cumplir con las condiciones del concurso.

"Luigi" ha dicho que entró en la operación comprando las acciones de los dos socios de Singla y 17 días después las vendió a la sociedad Ard Choille -consiguiendo una plusvalía de 1,5 millones de euros- porque "cambió el mercado".

Ha negado que influyese "directa o indirectamente" en el arquitecto Luis Falcón, encargado de emitir el informe favorable a la adjudicación del proyecto a Proinosa. Pero en una conversación mantenida con él y reproducida en la sala, le dice "Luigi" a Falcón: "Nos inventamos las concurrencias, presentamos tres propuestas y a hacer gárgaras".

En un principio, "Luigi" ha rechazado contestar a las preguntas relacionadas con las grabaciones porque su defensa las impugnó en la primera sesión del juicio y porque tampoco se reconoce en las mismas pero a medida que ha avanzado el interrogatorio ha accedido a contestar a la mayoría de ellas.