El Gobierno pide al Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al TJUE sobre el bono social

• Cree que el Supremo interpretó una directiva de la UE sin tener potestad
• El recurso gana tiempo ante una indemnización de 500 millones a las eléctricas
• Energía ve "asumible" aplicar criterios de renta al bono social

Un contador de electricidad.

El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del mecanismo de financiación del bono social anulado a finales del año pasado por el Tribunal Supremo y sustituído por un nuevo mecanismo de financiación en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras impulsado por el Ejecutivo junto al PSOE y Ciudadanos, según han indicado fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital recogidas por Europa Press.

El recurso de amparo ante el Constitucional se presentó el pasado 2 de febrero y en él el Gobierno argumenta que el Supremo interpretó una directiva comunitaria sobre política energética, para lo que el tribunal no tiene potestad, ya que su función se restringe a la valoración de la legislación nacional. Asimismo, considera que el Tribunal Supremo incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado precisamente la cuestión prejudicial ante el TJUE que ahora el Ejecutivo solicita al Constitucional.

Energía considera necesario que se consulte al tribunal de Luxemburgo sobre este asunto después de que una sentencia del TJUE del pasado 7 de septiembre avalase la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.

Ganar tiempo ante la indemnización a las eléctricas

Prospere o no, el recurso puede permitir al Gobierno ganar tiempo y postergar el pago a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España de una indemnización de cerca de 500 millones de euros impuesta por la sentencia del Supremo por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años.

El dinero de la indemnización, si el Constitucional mantiene el criterio del Supremo, habrá de cargarse sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

No obstante, esta segunda opción es menos probable, a la vista del acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, por importe cercano a los 5.500 millones.

Energía ve "asumible" aplicar criterios de renta al bono social

Asimismo, fuentes gubernamentales recogidas por Servimedia, han asegurado que Energía ve "asumible" la aplicación de criterios de renta en el bono social que le pidio el pasado martes la defensora del Pueblo, pero no va a atender las solicitudes de bajar la parte fija de la tarifa eléctrica ni la de que se permita solicitar cambios de potencia contratada más de una vez cada 12 meses ya que asegura que supondría generar déficit tarifario.

Según estas fuentes, la vinculación a criterios de renta del bono social formará parte previsiblemente del reglamento que desarrollará el bono social y que en estos momentos está negociando el Ministerio con los grupos parlamentarios.

A este respecto, desde Energía destacan que han recibido ya las propuestas del PSOE, Ciudadanos y Podemos y que existe un gran consenso en este aspecto.

En cuanto al rechazo a bajar la parte fija del recibo, según las citadas fuentes, Energía considera que la disminución sería dejar de invertir en redes de transporte o de subvencionar los sistemas extrapeninsulares. Además, han recordado, actualmente la parte fija del recibo cubre apenas el 60% de todos los costes fijos del sistema, que ascienden a unos 19.000 millones de euros anuales.

Por lo que respecta a la solicitud de que se permita solicitar cambios de potencia contratada, el departamento dirigido por Alvaro Nadal argumenta que dicha medida permitiría a consumidores con fuerte carácter institucional, como los regantes, evitar el pago de una parte muy importante del coste fijo del sistema por un sistema que tienen instalado durante todo el año, lo que repercutiría en el resto de consumidores.