Enlaces accesibilidad

El Parlamento responsabiliza a Maduro de la ruptura constitucional y de la crisis que atraviesa Venezuela

  • La mayoría opositora impulsa acciones para culpar al presidente y destituirlo
  • Le acusa de violar los derechos humanos y suprimir la separación de poderes
  • Los chavistas han asegurado que la oposición intenta dar un golpe de Estado

Por
Vista general durante una sesión en la Asamblea Nacional este martes 13 de diciembre de 2016, en Caracas.
Vista general durante una sesión en la Asamblea Nacional este martes 13 de diciembre de 2016, en Caracas.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes, gracias a la mayoría opositora y en ausencia del chavismo, un acuerdo para responsabilizar al presidente del país, Nicolás Maduro y de la consecuente crisis política, social y económica. En el documento, además, se piden activar mecanismos para destituir al mandatario.

El texto, que también acusa a Maduro de "violar los derechos humanos" y de "devastar las bases económicas y sociales del país", ha sido aprobado después de que los diputados opositores expusieran múltiples argumentos en contra del presidente y de que la bancada chavista se negara a participar en el debate.

Tras la votación, el portavoz chavista de la Asamblea, Héctor Rodríguez, ha acusado a la oposición de pretender dar "un golpe de Estado" al utilizar "figuras que no existen en la Constitución" para destituir a Maduro.

Se continuará investigando para destituir a Maduro

El documento, respaldado por la oposición, aprueba, además, acudir al Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes nacionales venezolanos, para que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva esta responsabilidad y al Ministerio Público para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un "antejuicio de mérito contra el presidente". Este antejuicio se haría, se argumenta en el escrito, por las supuestas acciones del presidente que han estado "encaminadas a la destrucción de la forma política republicana".

También se ha acordado continuar la investigación "sobre la posible existencia de elementos para declarar el abandono del cargo en la Presidencia". Además, el texto ratifica la decisión de la bancada opositora de acudir a las instancias internacionales competentes "para denunciar las violaciones a derechos humanos en cuya comisión el presidente de la república ha tenido el papel protagónico".

Denuncian la supresión de la separación de poderes

El acuerdo recoge una larga lista de consideraciones y argumentos para declarar la responsabilidad de Maduro entre los que se exponen, no solo la "grave alteración del orden democrático" y la "violación de los derechos humanos", sino también haber "consumado la supresión de la separación de poderes".

Asimismo, denuncia que Maduro "ha gobernado desde el 14 de enero del 2016 merced a un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución sin la aprobación de la Asamblea NacionalN, el cual ha ido cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias inderogables y ha vulnerado derechos fundamentales". Se menciona también que el presidente ha ignorado la solicitud de comparecencia de sus ministros ante la Cámara y se ha "facultado a sí mismo" para aprobar contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras.

Persecución política y crisis económica

También apuntan que se ha acrecentado "la persecución política" y aseguran que el presidente es corresponsable. Asimismo, el gobernante es acusado de acudir "sistemáticamente" a la Sala Constitucional del Supremo "para impedir con criterios políticos la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea que hubieran contribuido a solucionar los problemas del país".

Se atribuye a Maduro la responsabilidad en la crisis económica y financiera "que ha llevado al déficit fiscal hasta niveles que no se pueden financiar por vías ordinarias, teniendo el gobierno que recurrir al peligroso mecanismo de la impresión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela".Todo lo anterior, asegura el texto, ha derivado en una pronunciada depreciación del bolívar y elevados índices de inflación que castigan los ingresos.