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El PP sigue la línea de otros acusados y pide anular todo el juicio de Gürtel
'Caso Gürtel'

El PP sigue la línea de otros acusados y pide anular todo el juicio

  • Si no, pide que se le aparte de la causa por considerarse en "plena indefensión"

  • Cree que deberían responder los responsables del PP de Majadahonda y Pozuelo

  • Ana Mato y el constructor García Pozuelo se unen a los que no piden la nulidad

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El PP se ha alineado con las defensas que piden la nulidad del caso Gürtel o, en su defecto, ser apartado del juicio, en el que está encausado en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo, ante la "plena indefensión" creada por la falta de "concreción" de los hechos por los que se le acusa de lucrarse de los beneficios de la trama en Pozuelo y Majadahonda.

El abogado que representa al PP como persona jurídica, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, ha mantenido que no es el PP en todo caso al que debía reclamarse la responsabilidad civil por los beneficios que pudo obtener de la trama sino que, en todo caso, correspondería a los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda (Madrid).

Santos ha lamentado así la "indebida e inadecuada designación" del PP como partícipe a título lucrativo y ha resaltado que se trata de una responsabilidad civil subsidiaria que le ha llevado a estar sentado en la última fila que ocupan los acusados y responsables civiles en este caso. Ha querido destacar además "lo significativo a las magnitudes mediáticas" que tiene "llamar al PP" en este proceso.

El defensor de los 'populares' ha criticado también que la Fiscalía sostenga que el PP, sin tener participación ni conocimiento de la existencia de la trama, haya obtenido un beneficio de cerca de 250.000 euros en esos dos municipios madrileños sin que en ningún momento se concreten los hechos por los que se llega a esa conclusión.

El abogado se ha adherido además a las cuestiones de nulidad de la causa planteadas por la mayor parte de las defensas, entre ellas la del extesorero del PP Luis Bárcenas, como la de la posible ilegalidad de las grabaciones que destaparon el caso o las escuchas en prisión que autorizó el exjuez Baltasar Garzón que le llevaron a ser condenado.

Pese a esa sentencia, que provocó expulsar de ese procedimiento la transcripción de las conversaciones, Santos ha observado que esa información ha sido utilizada por la UDEF, la Fiscalía y el propio juez instructor.

De ser aceptadas estas cuestiones por el tribunal, que ya ha anunciado que las resolverá la próxima semana, toda la investigación que parte de esas grabaciones quedaría invalidada y el juicio no podría celebrarse.

Ana Mato y el constructor García Pozuelo no piden la nulidad

Por el contrario, la defensa de la exministra de Sanidad, Ana Mato, también considerada partícipe a título lucrativo por los regalos de la Gürtel a su exmarido Jesús Sepúlveda cuando era el alcalde de Pozuelo, no ha presentado cuestiones previas. La Fiscalía le reclama 28.467, 53 euros con los que la trama financió fiestas familiares como cumpleaños y comuniones.

Sin embargo, Mato sí se ha sumado a la petición de ausentarse de las jornadas del juicio, acogiéndose a su derecho a no estar presente en esta vista debido a su condición distinta a la de acusada.

También ha declinado plantear cuestiones de nulidad la defensa del empresario Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica y que ya manifestó su arrepentimiento por sus delitos en este caso, se ha sumado a la estrategia de colaboración con la Justicia que este martes escenificó el líder de la trama Francisco Correa.

La actitud de Correa y la petición de la Fiscalía de que le precedan en su declaración García Pozuelo, Jacobo Gordon (exsocio de Alejandro Agag) y el exedil de Pozuelo Roberto Fernández, hizo sospechar a varias defensas de la existencia de un pacto con el Ministerio Público, entre ellas la del extesorero del PP Luis Bárcenas, que pidió que se aclarase si existían esos acuerdos en aras del derecho a la defensa.

El pasado mayo, García Pozuelo, considerado el primer arrepentido en esta causa, reconoció el pago de comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y manifestó su arrepentimiento por haber colaborado con Gürtel.

Con esta confesión, el empresario pretende rebajar a la mitad la pena que reclama para él la Fiscalía a la mitad, con lo que sólo sería condenado a dos años de cárcel, pena que quiere cambiar por una multa de 432.000 euros.

La Fiscalía acusa a García Pozuelo de haber abonado comisiones a Correa para conseguir adjudicaciones públicas en Pozuelo, cuando era alcalde el también acusado Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato. Por su intermediación en las adjudicaciones, Sepúlveda, según Anticorrupción, percibió "como mínimo", entre 1999 y 2005, un importe total de 668.391 euros, de los que 449.017 fueron en efectivo, 50.331 en viajes y otros servicios.

Se detiene el juicio para estudiar las cuestiones previas

Tras la exposición de todas las cuestiones previas de las defensas, el tribunal ha acordado dar tiempo a la Fiscalía y al resto de las acusaciones para analizar toda la documentación aportada para ilustrar sus peticiones y ha decidido retomar el lunes el juicio con el fin de que expongan sus alegaciones.

Las defensas han solicitado que se anule el procedimiento por motivos tan diversos como la citada instrucción de Baltasar Garzón, la prescripción de los delitos de los que se acusa a sus clientes o la falta de validez de la documentación remitida por Suiza sobre el fraude fiscal presuntamente cometido por algunos de ellos.

También han salido a colación las grabaciones efectuadas por el exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda José Luis Peñas, que dieron origen a la causa, o la incautación del pendrive del contable José Luis Izquierdo en uno de los registros.

El tribunal tiene previsto dar a conocer su decisión sobre las cuestiones previas después de que intervengan las acusaciones para dar paso, previsiblemente el martes, al interrogatorio de los acusados. Si se atiende a la petición formulada por el Ministerio Público, será el empresario Jacobo Gordon el primer en testificar.

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