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Crisis política en Brasil

El senador que instruye el juicio contra Rousseff pide su destitución en su informe final

  • Afirma que los delitos fiscales imputados son "un atentado a la Constitución"
  • El informe será debatido en comisión antes de pasar al pleno del Senado brasileño
  • Si el juicio sigue adelante, Rousseff podría ser destituida a finales de agosto

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La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se enfrenta a un juicio político por irregularidades fiscales.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se enfrenta a un juicio político por irregularidades fiscales.

El senador brasileño Antonio Anastasia, encargado de instruir el juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, ha recomendado en su informe final sobre el caso que sea destituida en base a la "gravedad" de los delitos fiscales que se le imputan, que a su juicio constituyen un "atentado a la Constitución".

Voto por la procedencia de la acusación y por que prosiga el proceso

"Voto por la procedencia de la acusación y por que prosiga el proceso", señala en sus conclusiones el informe, divulgado por el Senado poco antes de que comenzara la lectura del documento en el seno de la comisión que trata el juicio político de Rousseff.

Anastasia sostiene en su informe, de 441 páginas, que los delitos fiscales por los que ha sido acusada Rousseff son irregularidades "de tal gravedad" que, siguiendo las leyes, tienen como pena la pérdida del mandato, por lo que asegura que hay "plenas razones" para despojarle de su cargo de forma definitiva.

Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando el Senado aprobó someterla al juicio político, y desde esa fecha ocupa el cargo su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, que será quien complete el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de que sea definitivamente destituida.

Maniobras contables a espaldas del Congreso

La todavía presidenta responde por las irregularidades detectadas en el manejo de los presupuestos, al contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, unas maniobras contables que están prohibidas por las leyes brasileñas.

El informe de Anastasia afirma que "el descontrol fiscal" provocado por esas maniobras "comprometió la sustentabilidad de políticas públicas y servicios fundamentales para la sociedad", al generar un "enorme" desequilibrio en las cuentas del Gobierno de Brasil.

Dilma Rousseff es apartada del cargo de presidenta de Brasil

Agrega que ese desequilibrio "amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interno Bruto y representó un perjuicio para la calidad de vida de la población".

Asimismo, añade que la emisión de decretos que alteraron el gasto público sin la debida autorización parlamentaria, constituyó una "usurpación" de las funciones del Congreso y "violó" los "mecanismos de control" mediante los cuales la sociedad vigila "la gestión del dinero público", que son una "condición en una democracia plena".

La decisión definitiva, a finales de agosto

El informe será debatido este miércoles por los 21 senadores que componen la comisión y sometido a votación ya el jueves, según el plan de trabajo acordado con la Corte Suprema, corresponsable del juicio contra Rousseff.

El viernes, con todo el país y buena parte del mundo pendientes de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ese informe se leerá ante el pleno del Senado, que luego será convocado para una primera votación, previsiblemente el próximo día 9 de agosto.

Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos, de un total de 81 senadores, la Corte Suprema convocará una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff es destituida o bien es absuelta y retoma su cargo como presidenta.

Esa última sesión parlamentaria antes de la votación definitiva, que puede extenderse hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Rousseff sea despojada de su mandato sería necesario el respaldo de una mayoría cualificada de 54 votos.