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Egipto utiliza las desapariciones forzosas y la tortura para silenciar a la disidencia, según Amnistía

  • Las autoridades egipcias usan estas prácticas contra manifestantes y activistas
  • Con la excusa de luchar contra el terrorismo, se practican múltiples torturas
  • La ONG documenta en su último informe 17 casos de desapariciones forzosas
  • Amnistía Internacional pide a España que deje de transferir armas a Egipto

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El activista musulmán Mohammed Abdul Qadous trata de incorporarse tras una confrontación con la policia egipcia en El Cairo
El activista musulmán Mohammed Abdul Qadous trata de incorporarse tras una confrontación con la policia egipcia en El Cairo

Secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Según Amnistía Internacional, estas son las "despiadadas y escandalosas" tácticas que utilizan las autoridades de Egipto contra estudiantes, manifestantes y activistas. La lucha antiterrorista, asegura la ONG, es la excusa para intimidar y silenciar a la disidencia pacífica.

El informe Egipto: "Oficialmente, no existes". Desaparecidos y torturados en nombre de la lucha antiterrorista, publicado este miércoles, presenta 17 casos detallados de personas, entre ellas cinco menores, que han sido sometidas a desapariciones forzosas. La organización, además, subraya un notorio aumento de esta práctica desde principios de 2015, cuando Magdy Abdel Ghaffar fue nombrado ministro del Interior.

A pesar de que el Estado egipcio lo ha negado en repetidas ocasiones, Amnistía afirma que la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) utiliza las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas como un "instrumento clave" para enfrentarse a sus oponentes. Quien se atreva a alzar la voz o cuestione a las autoridades puede correr peligro, según la ONG.

Descargas eléctricas y brutales palizas

El documento explica que cientos de personas desaparecen sin dejar rastro y se estima que muchas de ellas permanecen recluidas en las dependencias de la ASN. En los casos recogidos por la organización, las personas permanecieron durante semanas e incluso meses sin acceso a abogados, en régimen de incomunicación y sin protección legal o judicial.

Además, las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, aseguran haber sufrido múltiples torturas: amenazas, descargas eléctricas, violaciones, brutales palizas, permanecer colgado desnudo durante horas o esposado con los ojos vendados durante días. El objetivo de estas prácticas es obtener confesiones.

El informe es también muy crítico con la actuación de las autoridades judiciales, que supuestamente trabajan en connivencia con la ASN y las fuerzas de seguridad. La fiscalía egipcia no solo ha aceptado este tipo de pruebas cuestionables -obtenidas bajo coacción y torturas- sino que ha llegado a basar los cargos en estas 'confesiones'.

A pesar de que se han intentado denunciar algunas de las desapariciones y las torturas, no se ha abierto ninguna investigación. Por ello, Amnistía concluye que la fiscalía es "cómplice" de estas prácticas y que ha "traicionado cruelmente" su deber.

Interrupción de todas las transferencias de armas

La ONG denuncia la situación y expone decenas de casos, pero urge además al presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, a poner fin a estas prácticas. Exige también que las personas detenidas tengan acceso a abogados y que sus familiares puedan visitarles y que aquellas que estén recluidas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión sean liberadas de forma inmediata.

En el informe, también se incluye una petición expresa a España, ya que desde 2003 a 2015 ha exportado material de defensa a Egipto por valor de 460,62 millones de euros, según datos del Stockholm International Peace Research Institute. Amnistía pide al Gobierno que deje de transferir armas al país africano para evitar que sean utilizadas en la represión de protestas y en la comisión de estas violaciones de derechos humanos.

La ONG insiste también a la UE para que imponga un embargo de exportaciones y deniegue las autorizaciones a aquellos que quieran vender armas a Egipto y finalmente, pide a Bruselas y a Estados Unidos que utilicen su influencia para presionar al país y acabar con estas prácticas.