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El juez Andreu imputa a la auditora Deloitte y a uno de sus socios en el caso Bankia

  • El 20 de junio declararán el representante de la auditora y Francisco Celma
  • La Audiencia Nacional ha atendido la petición de CIC y de 15MpaRato

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Sede de la auditora Deloitte en Chipre
Sede de la auditora Deloitte en Chipre.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados para el próximo 20 de junio al representante legal de la auditora Deloitte y a Francisco Celma, socio y auditor de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad.

En una providencia el juez responde de ese modo a la petición efectuada por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el colectivo 15MpaRato, que solicitaban el interrogatorio como investigados de Celma y la auditora al considerarles "responsables directos" del "masivo fraude" perpetrado en el debut bursátil.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ya tomó declaración en febrero de 2013 a Celma como testigo, una condición que le obligaba a decir verdad y le privaba de estar acompañado de su abogado de confianza.

La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, ha solicitó esta diligencia después de que los peritos judiciales hayan ratificado que la operación de salida a Bolsa fue un "fraude" y al entender que la compañía auditora y su socio son "directamente" responsables de que cientos de miles de inversores concurrieran a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) sobre la base de unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, a pesar de que tenían información más que suficiente para saber que los estados financieros aprobados y publicitados contenían "importantes errores contables".

Avalaron las cuentas reformuladas

La acusación popular considera que Deloitte es responsable de haber avalado las cuentas reformuladas en mayo de 2012, que también tenían "errores contables" y que los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras calificaron en su dictamen complementario de "inexplicables, sorprendentes y contrarios a la normativa nacional e internacional".

En contra de las razones esgrimidas por el equipo gestor del banco, señala que ninguna entidad española reformuló sus cuentas del ejercicio de 2011 a causa de la crisis económica ni de los reales decretos 2/2012 y 18/2012 ni por los informes de organismos internacionales.

La CIC añade que ni Celma ni Deloitte han dado una explicación "mínimamente convicente" sobre su negativa a emitir el informe de auditoría de las cuentas formuladas por BFA-Bankia en marzo 2012 en el plazo legal establecido en abril de 2012.

Dimisión para no aprobar las cuentas

La acusaciones, que ya solicitaron hace un año esta diligencia, fundamentan también su petición en la declaración de la exconsejera de Bankia e integrante de la Comisión de Auditoría Araceli Mora, que dimitió en la mañana del 25 de mayo de 2012 para no tener que aprobar las cuentas reformuladas.

Mora defendió ante el juez la coherencia del primer balance y señaló que el 3 de mayo, tras enterarse por el periódico de que éste había sido aprobado sin el informe de la auditora, telefoneó a Celma para pedirle explicaciones. "Tú sabrás, que estáis de negociaciones", le contestó el auditor, según fuentes presentes en la declaración de la exconsejera.

En la declaración judicial que prestó el 20 de febrero de 2013 ante el juez Andreu, Celma aseguró que en marzo del año anterior advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Celma dice que Deloitte avisó de la situación

El testigo, que permaneció declarando durante más de cinco horas, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).

El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, explicó que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración.

"No se pudo emitir informe de auditoria hasta el 25 de mayo de 2012, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas", dijo, para negar que hubiera trasladado a la consejera Araceli Mora que Rato estuviera negociando soluciones a la situación de la entidad, como ésta aseguró ante el juez.