Los principales puntos del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para la legislatura

• Sánchez promete derogar la reforma laboral, aunque no figura en el pacto con C's
• Se comprometen a cesar a altos cargos que sean imputados a partir de ahora
• Ambos proponen "revisar" pero no "denunciar" los Acuerdos con la Santa Sede
• Pararán la LOMCE y añadirán financiación a la Universidad según empleabilidad

Ciudadanos renuncia al contrato único en los puntos del acuerdo con el PSOE

Estos son los principales puntos del "Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso" [leer el documento en pdf] suscrito este miércoles por los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera, en el Congreso de los Diputados. Un acuerdo de legislatura que Sánchez, candidato a la investidura para la Presidencia del Gobierno, califica de "histórico" y dice que persigue sumar para forjar un acuerdo en beneficio de los españoles.

Economía y agenda social

- Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de al menos el 1% en 2016.

- Ingreso Mínimo Vital como prestación no contributiva para familias que carecen de ingresos, y un complemento salarial para los trabajadores pobres, en función de los ingresos y la situación familiar. No se precisan las cuantías, pero sí que se destinarán 7.000 millones de euros.

- Reducir a tres el número de contratos: de formación, indefinido y "estable-progresivo" (en la actualidad, este es el contrato temporal). El nuevo "contrato estable y progresivo" tendrá una indemnización creciente por finalización de contrato de trabajo de 12 días el primer año y de 16 el segundo, "convirtiéndose en contrato indefinido en el tercer año". Según la última versión difundida del documento, "en caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que se aplica actualmente", es decir, 20 días por despido procedente y 33 días por improcente. En la primera versión, se establecía en el caso de los improcedentes una indemnización también creciente de 20 días el primer año y 25 el segundo, lo que suponía en la práctica el abaratamiento del despido.

- Cambios en la normativa laboral sobre contratos y negociación colectiva y negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que, de facto, dejaría sin efecto la mayor parte de la regulación laboral aprobada por el PP en 2012.

- No llevar a cabo ningún recorte en gasto social y reducir el IVA cultural al 10%, desde el 21 % actual, manteniendo el IVA del libro en el 4%.

- No subir el IRPF a las rentas del trabajo y bajarlo "cuando lo permita la situación".

- Cotización reducida de 45 euros que se aplicará a todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el SMI. Se incluyen otras medidas, como el pago trimestral de cotizaciones o la declaración del IVA anual en el primer año.

- Reforma en profundidad del impuesto de sociedades para acercar los tipos efectivos a los nominales y aproximar la recaudación por este tributo a la media de la zona euro. No se especifica el tipo mínimo de este impuesto, que el PSOE planteaba en el 15% al inicio de las conversaciones.

- Creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas y una Oficina Nacional de control fiscal de grandes fortunas dentro de la Agencia Tributaria.

- Armonizar el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, que dejaría de depender de las comunidades autónomas, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el Estado.

- Recuperar los principios de la Ley de Dependencia y "derogar el incremento de copago y las incompatibilidades introducidas en la pasada legislatura".

- Eliminar el impuesto de matriculación y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos.

Partidos y lucha contra la corrupción

- Prohibir la concesión de indultos en delitos vinculados a la corrupción, la violencia de género y contra los derechos humanos.

- Suspensión de concejales y parlamentarios y el cese de los altos cargos a los que se les abra un juicio oral por algún delito doloso.

- Compromiso de no incorporar a las listas electorales ni nombrar altos cargos a personas investigadas a iniciativa de la Fiscalía por delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento del afectado. Afectará a los nuevos casos a partir de la fecha del acuerdo, lo que excluye de una posible destitución al alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero o al secretario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

- Vincular la financiación estatal a los partidos no sólo al resultado electoral en escaños y votos, sino a "elementos de democracia interna".

- Celebración de elecciones primarias entre los afiliados de un partido político para la elección de los candidatos a la Presidencia del Gobierno, a la de las comunidades autónomas y a las alcaldías.

- Dedicación exclusiva para diputados y senadores.

- Limitación de las puertas giratorias, fijando un período de incompatibilidad de cinco años para altos cargos que quieren incorporarse ex novo a empresas, fundaciones o entidades dependientes de ellas de un sector del que no tengan experiencia profesional previa o sobre el que hayan tenido responsabilidades. También se regularía el acceso al ejercicio del lobbying.

Derechos y libertades

- Reformar la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'Ley Mordaza', para "revisar los preceptos recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos que reconocen facultades excesivas de intervención de las fuerzas de seguridad", y aquellos que atribuyen a los cuerpos policiales "poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas".

- Derogar, con carácter inmediato, la prisión permanente revisable y el delito de coacción a la huelga que figuran en el Código Penal.

- Eliminar, con carácter inmediato, los plazos de instrucción que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías.

- Aprobar una ley de muerte digna.

- Aprobar una ley de igualdad de trato.

- Incrementar el permiso de maternidad y paternidad de las 18 semanas actuales a 26 semanas. La madre y el padre tendrán 8 semanas de permiso intransferibles cada uno y 10 semanas más a repartir entre la madre y el padre. Actualmente el permiso de paternidad es de dos semanas y el de maternidad de 16 aunque la mujer puede optar por disfrutar solo 6 y el resto dárselas al padre.

- Ley de plazos para la interrupción del embarazo, si bien el PSOE se reserva la posibilidad de impular la reforma de la ley en relación con las jóvenes de 16 y 17 años que ahora necesitan permiso paterno para abortar, y Ciudadanos se reserva el impulsar la regulación de la gestación subrogada, es decir, el 'vientre de alquiler'.

- Revisión de los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica.

- Revitalización de la ley de memoria histórica con dotación presupuestaria para su desarrollo.

- Constituir una Mesa para un pacto por la Educación que, en seis meses, elabore una nueva ley. Mientras, se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor.

- Establecer incentivos para la Universidad, en forma de financiación adicional, que dependan de la empleabilidad de sus titulados y de la "consecución exitosa" de sus proyectos de investigación, entre otras medidas.

Constitución y modelo de Estado

- Oposición a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España.

- Reforma constitucional para suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, revisar las bases del sistema electoral, incorporar el "hecho" de la UE al ordenamiento constitucional, y revisar el Título VIII para "desarrollar el concepto de Estado Federal".

- Convertir el Senado en una verdadera Cámara territorial con un máximo de cien miembros y, si no es posible, abogar por su supresión como cámara de segunda lectura.

- Modificar el artículo 135 (cuya reforma pactaron el PP y el PSOE) para determinar el alcance de la "estabilidad social del Estado" como criterio que justifica la superación de los límites de déficit y deuda pública y sus implicaciones en la garantía de dotación presupuestaria para los grandes servicios públicos.

- Supresión del aforamiento de diputados, senadores y diputados autonómicos.

- Reducción a 250.000 firmas del mínimo exigido por el artículo 87.3 para la presentación de proposiciones de ley de iniciativa popular.

- Establecer un plazo máximo de ocho años consecutivos para ejercer el cargo de Presidente del Gobierno.

- Reducir de 20 a 10 el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial y corregir sus funciones.

- Supresión de las diputaciones provinciales y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes.