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La Eurocámara pide excluir la sanidad y educación del tratado global para liberalizar los sevicios

  • Insta a la CE a excluir de forma "clara y explícita" servicios públicos "sensibles"
  • El tratado sobre el comercio de servicios lo negocian 23 miembros de la OMC
  • Incluidos la UE, EE.UU., Japón, México y Turquía que representan el 70% del comercio mundial

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El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronuncia su discurso ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronuncia su discurso ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo.

El Pleno del Parlamento Europeo (PE) ha instado a la Comisión Europea (CE) a excluir de forma "clara y explícita" servicios públicos "sensibles" como la sanidad, la educación, los servicios sociales, los sistemas de seguridad social y los servicios audiovisuales del tratado global para liberalizar los servicios (TiSA por sus siglas en inglés), actualmente en negociación con países de todo el mundo.

Los eurodiputados han respaldado, con 532 votos a favor, 131 en contra y 36 abstenciones, una resolución con recomendaciones para la Comisión, que negocia este acuerdo en nombre de los Veintiocho, en la que también subrayan que los negociadores deben asegurar "legalmente" el derecho de los legisladores comunitarios, nacionales y locales a regular en defensa del interés público en cuestiones como la salud pública, la seguridad de los consumidores o la protección medioambiental.

"Si nuestras recomendaciones son respetadas, TiSA dará más derechos a nuestros ciudadanos en casa y eliminará algunos obstáculos para nuestras compañías en otros países. Si no, el Parlamento no dudará en vetar el acuerdo", ha señalado en un comunicado la ponente del texto, Viviane Reding, del Partido Popular Europeo.

La resolución insta asimismo a incluir una cláusula de revisión que permita a un firmante del acuerdo abandonarlo o revertir sus compromisos liberalizadores en caso de vulneración de los estándares laborales y sociales.

Además, creen que la protección de datos de los ciudadanos en el acuerdo debe respetar los estándares actuales y futuros, y que la UE debe aceptar sólo trabajadores extranjeros de alta cualificación con contratos y por periodos de tiempo limitados.

Además, han respaldado la propuesta de China de unirse a las negociaciones, y se han mostrado favorables a ampliar las partes del acuerdo en el futuro.

Proteger a las empresas europeas de la competencia "injusta" en el extranjero

Por otro lado, el Parlamento Europeo ha reclamado que, para proteger a las empresas europeas de la competencia "injusta" en el extranjero, los negociadores deben perseguir la reciprocidad en la apertura de mercado, dado que los servicios europeos "están más abiertos a la competencia extranjera que la de sus socios". En concreto, piden una apertura en los sectores de la contratación pública, las telecomunicaciones, el transporte y los servicios financieros y digitales.

Asimismo, solicitan limitar las prácticas restrictivas que terceros países aplican a las compañías europeas, como la limitación al capital extranjero en el accionariado, y menos carga burocrática para las pymes, que carecen de los recursos humanos y financieros para hacer frente a la legislación comercial internacional.

El Parlamento también quiere salvaguardas y más información para los europeos que viajan y utilizan servicios en el extranjero, como las telecomunicaciones en itinerancia o las comisiones por el uso de tarjetas de crédito, y garantías contra el correo electrónico no deseado y la geolocalización.

Por último, los eurodiputados han instado a Bruselas a ofrecer información contrastada sobre el acuerdo al público, explicando cada parte del mismo, y a publicar informes detallados de cada ronda negociadora en su página web.

El acuerdo sobre el comercio de servicios lo negocian actualmente 23 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -incluidos la UE, Estados Unidos, Japón, México y Turquía- que representan el 70% del comercio mundial del sector. Las negociaciones del TiSA -que no tienen plazo para cerrarse- se iniciaron formalmente en marzo de 2013 y en septiembre los participantes acordaron un texto de base. Hasta julio de 2015 se habían celebrado trece rondas de negociación.