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El juez de la Operación Taula fija una fianza de 150.000 euros para la exedil Alcón

El juez de la Operación Taula fija una fianza de 150.000 euros para la exedil Alcón

  • La exedil de la etapa de Rita Barberá ha sido la primera en declarar

  • El juez acuerda también el embargo de bienes como medida cautelar

  • Este miércoles también declararán cinco investigados

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El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, ha fijado una fianza de 150.000 euros a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, y ha acordado el embargo de bienes como medida cautelar.

Alcón, quien fue la primera detenida en declarar ante el juzgado que investiga el supuesto amaño de contratos en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, pasó a disposición judicial pasadas las 22.30 horas de este martesr y salió del juzgado a las doce de la noche en libertad bajo fianza.

La exconcejal del Ayuntamiento de Valencia quedó imputada (investigada) en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Declaran este miércoles cinco investigados

El Juzgado de instrucción 18 tiene previsto empezar a tomar declaración este miércoles por la mañana a cinco personas investigadas (imputadas) que no fueron arrestadas este martes, entre las que figuran el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y una trabajadora del grupo municipal del PP en el Consistorio.

Ambos están citados a declarar por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En las próximas horas, los otros 23 detenidos en esta causa, en la que hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia.

Las detenciones se produjeron este martes en el marco de una operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

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