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Los ministros del Gobierno venezolano rechazan ir al Parlamento a tratar el estado de emergencia económica

El área económica del Gobierno venezolano rechaza acudir al Parlamento para explicar el estado emergencia

  • Los ministros y altos cargos económicos no asistirán a la comisión especial

  • La cancelación se debe a que rechazan que la comparecencia sea pública

  • Maduro aprobó el pasado viernes el estado de emergencia económica

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Los ministros y altos cargos económicos del Gobierno venezolano han suspendido este jueves su comparecencia ante la comisión especial del Parlamento encargada de evaluar el decreto de emergencia económica aprobado por el Ejecutivo el viernes pasado porque, según argumentan, se niegan a ser sometidos a una "interpelación pública".

El vicepresidente ejecutivo del país caribeño, Aristóbulo Istúriz, ha explicado que han cancelado su comparecencia en la Asamblea Nacional porque esta iba a ser totalmente pública, hecho que consideran parte de un "show mediático" que podría poner "en riesgo" al país.

"Llamé al presidente de la Asamblea Nacional, le pedí que fuésemos lo más prudente en algunas materias que son trascendentes, que no podemos discutir públicamente porque arriesgamos al país y arriesgamos la condición de todos los venezolanos que se ven afectados", ha indicado Istúriz.

Sin embargo, el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, no ha accedido a la petición de los oficialistas y ha insistido en que la comparecencia sea totalmente pública ya que, argumenta, que se debería dar a conocer a los venezolanos "por boca de los propios ministros cuál es la realidad del país".

Ante esto, los miembros del Gobierno han considerado que "no hay garantías, sino que hay un show montado al que se le quiere sacar provecho mediaticamente". Según ha señalado el vicepresidente, el gabinete económico buscaba "una discusión seria" y ha ofrecido a los diputados de la comisión "toda la información que requieran" de "primera mano, directa, sin exponer a riesgo al país".

El decreto aprobado por Nicolás Maduro amplía las facultades del Ejecutivo y le permite, entre otras cuestiones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

"No pueden negar la realidad de Venezuela"

La oposición, que desde las pasadas elecciones legislativas tiene la mayoría en la Asamblea, tenía previsto pedirles a los directivos de entidades clave como Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Banco Central de Venezuela (BCV) y la oficina recaudadora de impuestos (Seniat) información sobre su gestión y su funcionamiento.

La Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos y los Particulares ante la cámara establece que es una "obligación" con los ciudadanos de los cargos públicos acudir a estas llamadas del Parlamento a las plenarias o discusiones. La inasistencia no justificada puede suponer al funcionario sanciones económicas e incluso pueden ser suspendidos de su cargo hasta tres meses sin sueldo.

Para Ramos Allup, el "desacato" de los altos cargos, como ha calificado la suspensión de la comparecencia, se ha debido a la disconformidad del oficialismo ante la presencia de medios de comunicación en la cámara. "Debe ser que las informaciones que tienen que dar al país son muy graves y malas, pero no pueden negar la realidad de Venezuela", ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que la comisión que evalúa el informe, conformada por doce diputados opositores y siete chavistas, se constituirá "en su momento" y tomará una decisión con la información de la que disponga con respecto al decreto.

La  medida, sin embargo, ya ha sido criticada por el Presidente de la cámara, para quien supone "más de lo mismo" después de que el Parlamento otorgara a Maduro en 2014 y 2015 poderes especiales que le facultaron para legislar en varias áreas. Según Ramos Allup, si la nueva mayoría opositora rechaza el decreto será "la excusa perfecta del Gobierno para decir: no resolví la crisis, el desabastecimiento, la inflación, porque la Asamblea no aprobó el decreto".

El instrumento, que ya fue oficializado, debe ser aprobado por el Legislativo, que tiene ocho días para su consideración y aprobación, desde que fue publicado en la gaceta oficial el pasado viernes.

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