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Ortega y Rigau rechazan ante el juez que desobedecieran porque el 9N lo "organizaron" voluntarios

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Rigau y Ortega niegan que desobedecieran al Constitucional y defienden que el 9N lo organizaron voluntarios

La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la conseller de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, han coincidido en su declaración como imputadas ante el juez en que el proceso participativo del 9N fue organizado por voluntarios y, niegan así, que se produjera una desobediencia de los miembros del Govern a la suspensión del Tribunal Constitucional .

Ortega ha alegado en su declaración que la organización de la consulta estaba en manos de voluntarios cuando el Tribunal Constitucional la suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia" de haber desobedecido cuando difundió sus resultados.

Por su parte, Rigau ha afirmado que no alcanza a comprender que esté imputada por obedecer al mandato del Parlament y escuchar las urnas, y durante su declaración ha insistido en que la consulta alternativa del 9N fue organizada por voluntarios, a diferencia de la original convocada por el Govern.

Las dos altos cargos del Govern hacían frente este martes a la citación como imputadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. A su comparecencia han acudido arropadas por miembros de Junts pel Sí, la CUP y la mayoría del Govern. Entre estos, no estaba Artur Mas, quien está citado este jueves para declarar por las mismas imputaciones.

Unos centenares de personas concentradas a las puertas del TSJC, en la Avenida Lluís Companys, han recibido con gritos de "independencia", con 'estelades' y cantando Els Segadors" a la comitiva, que al llegar al Palau de Jusiticia han quedado en las escaleras de acceso al edificio aplaudiendo a los concentrados.

La presencia de autoridades públicas en esta escenificación de apoyo a los dos cargos de la Generalitat imputados ha sido calificado por el TSJC como un ataque directo a la independencia judicial, una condición que ya tuvo que salir a defender cuando se le acusó de manejar tiempos políticos para imputar a Mas tras las elecciones catalanas del 27S.

Ortega afirma que dio los datos del 9N para infomar

La exvicepresidenta del Govern, que se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía como hizo ya por la mañana Rigau, ha expuesto que cuando el TC suspendió la primera consulta, convocada por decreto, ordenó detener todas las actuaciones relacionadas con el 9N.

Esta primera consulta fue sustituida por un proceso participativo, que también fue suspendido por el TC en una providencia del 4 de noviembre, pero entonces, ha alegado Ortega, la organización estaba finalizada, y los voluntarios tenían todas las tareas asignadas, por lo que ha considerado que no había nada que ella pudiera paralizar.

Según fuentes judiciales, la exvicepresidenta ha argumentado ante el juez que a partir del 30 de septiembre de 2014, una vez prohibida la consulta por el TC, se paralizó totalmente el proceso convocado por decreto y los expedientes económicos relacionados con el mismo y así se comunicó a todos sus subordinados.

Ortega ha defendido que si compareció en el recinto ferial de Montjuïc para difundir los resultados del 9N es porque consideraba que tenía la obligación de informar a la ciudadanía de un hecho "relevante" desde una perspectiva "histórica, sociológica y política".

Además, ha aducido que, desde la suspensión del TC, la web de la Generalitat "Participa2014" que informaba del proceso no publicó ningún nuevo contenido y que si la página no se desactivó es porque ello exigía desmontar un procedimiento muy complejo que pretendía protegerla de posibles ataques informáticos.

La democristiana ha querido desmarcar a la Fiscalía Superior de Cataluña de la querella en su contra, que ha atribuido a una orden de la Fiscalía General del Estado, motivo con el que ha justificado su decisión de negarse a responder a las preguntas de los tres fiscales.

Rigau dice que nunca se ordenó abrir colegios como puntos para votar

La responsable de los centros educativos catalanes ha defendido que nunca se ordenó a los directores de los centros a abrir como puntos de votación y que la consulta fue estrictamente montada por más de 40.000 voluntarios. También ha asegurado que a los directores de los colegios sólo se les informó de que podían ceder el espacio.

Rigau también se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalíam alegando que no entiende que los fiscales del TSJC consideraran en un informe que no había delito en el 9N y, a los dos días, presentaran la querella por indicación de la Fiscalía General del Estado: "Fue un cambio de criterio que no entendí".

La consellera ha afirmado, además, que entre el día 4 de noviembre en que el TC suspendió la consulta alternativa y el propio 9N, no firmó ninguna resolución relacionada con la votación, y ha dicho no entender por qué motivos se le imputa un delito de malversación cuando ningún miembro del Govern ni terceros se han enriquecido con el proceso participativo.

También ha recalcado que, una vez el Constitucional suspendió el decreto en el que Mas convocó la consulta, el Gobierno de la Generalitat decidió "parar máquinas", de forma que toda la organización de la misma quedó exclusivamente en manos de voluntarios y sin colegios electorales propiamente dichos.

Rigau se ha desvinculado también de la reunión que la directora de servicios territoriales mantuvo con directores de institutos que iban a acoger las urnas el 9N y ha asegurado que, en todo caso, ese encuentro se convocó a petición de esa responsable del Departamento a raíz de las numerosas llamadas que recibió de profesores que preguntaban cómo debían actuar el día de la consulta.

No dio órdenes a los directores

Según la consellera, que ha insistido en que no pudo dar instrucciones para la convocatoria de la reunión porque ella misma no las recibió, en ese encuentro se remitió a los responsables de institutos a la web "Participa" en la que los voluntarios coordinaban la gestión de los centros educativos.

Respecto a la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que aseguró que se sintió presionada para que su centro acogiera la consulta, Rigau ha reconocido que se contactó telefónicamente con ella para preguntarle si iba a entregar las llaves y que, al negarse, se optó por colocar las urnas en otro colegio cercano.

Para Rigau, la prueba evidente de que ella no dio orden alguna en relación a la organización del 9N es que no forzó la apertura de ese instituto de L'Hospitalet, como podría haber hecho al ser de un centro de titularidad pública.

En la línea de defensa que Mas ya apuntó en una entrevista tras su imputación, la consellera ha afirmado que el TC no respondió cuando la Generalitat le pidió que concretara qué actos había suspendido en su resolución del pasado 4 de noviembre, por lo que no se puede hablar de desobediencia a su resolución.

La declaración de Rigau, como la del resto de imputados, ha sido grabada en vídeo y su defensa ha pedido que las imágenes no sean pixeladas, como se suele proceder en los interrogatorios a los testigos. La defensa de la consellera ha anunciado, además, que la semana próxima presentará un escrito en el TSJC para pedir que archive la querella del 9N.