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Pekín anuncia un plan de reforma de las empresas estatales que incluye la entrada de capital privado

  • Energía, ferrocarril y telecomunicaciones, los más abiertos a la inversión
  • Las autoridades chinas no han concretado medidas ni plazos
  • Pero pretenden lograr "resultados decisivos" antes de 2020

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Trabajadores en las obras de construcción de un puente para el ferrocarril en Lianyungang, en la provincia china de Jiangsu
Trabajadores en las obras de construcción de un puente para el ferrocarril en Lianyungang, en la provincia china de Jiangsu.

El Gobierno chino ha anunciado las guías de una reforma de las empresas estatales del país que propone, incluso, la entrada de capital privado en muchas de ellas. Según las autoridades del gigante asiático, el objetivo es transformar esas compañías en "entidades de mercado independientes", en un momento en el que se está ralentizando el crecimiento de la segunda economía mundial.

Ese plan -elaborado por el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado, es decir, el gabinete del Gobierno- incluirá reestructuraciones y fusiones de empresas, según la agencia de prensa oficial Xinhua, que no concreta ni cuáles, ni cuándo ni cómo se realizarían esas operaciones.

Promover la propiedad público-privada

"Crearemos las condiciones para que las empresas estatales (SOEs, por sus siglas en inglés) participen en el mercado como jugadores independientes en igualdad de condiciones", ha afirmado este lunes el vicepresidente de la Comisión para la Supervisión de Activos Estatales (SASAC). Zhang Xiwu ha leído en Pekín a los medios de comunicación un esbozo del plan de la reforma y no ha aceptado preguntas de los periodistas.

Así, Zhang ha señalado que China modernizará a las empresas estatales promoviendo la propiedad mixta y la entrada de capital privado, de forma que "puedan ser independientes y responsables de sus beneficios, pérdidas y riesgos".

El Gobierno de China gestiona 111 empresas públicas de forma centralizada a través de la SASAC, mientras que se calcula que los gobiernos locales poseen y gestionan en torno a otras 25.000. Según Reuters, el sector público emplearía en total a unos 7,5 millones de personas.

La reforma de ese enorme sector público, que funciona de forma ineficiente en la mayoría de los casos, es una de las prioridades de Pekín, aunque muchos economistas advierten que si el proceso no se gestiona bien, la reestructuración podría desencadenar despidos masivos y la consiguiente inestabilidad social.

Persuadir para comprar acciones y bonos tras un fuerte crash bursátil

Según el plan, se autorizará a las empresas estatales atraer "a varios inversores" para diversificar el accionariado y se animará desde el Gobierno a que las compañías salgan a Bolsa.

Para ello, Pekín animará a empresas e inversores privados a comprar acciones y bonos convertibles de las sociedades públicas, y también permitirá a los empleados a comprar acciones, una tarea de convicción complicada después del fuerte crash bursátil vivido en los últimos meses en China, que ha arruinado a millones de pequeños inversores.

Durante el proceso de reforma, las empresas se dividirán entre las que son de interés comercial y las que persiguen asegurar el bienestar público.

Así, el Gobierno apunta a los sectores del petróleo, el gas, la electricidad, el ferrocarril y las telecomunicaciones como los más adecuados para la entrada limitada de inversiones privadas.

"Resultados decisivos" en 2020

Aunque no se ha revelado una fecha específica para la puesta en marcha de estas medidas, que se aplicarán de forma gradual, el objetivo de las autoridades es lograr "resultados decisivos" antes de 2020.

Por otro lado, el plan presentado aegura que se instaurará un sistema "flexible" de fijación de salarios, basado en el mercado y en los resultados de cada compañía.

Además, se asegura que todo el proceso de reforma estará supervisado de cerca para evitar el abuso de poder y la erosión de los activos estatales, y que se establecerá un mecanismo para informar sobre corrupción, malversación de fondos y posibles violaciones de normativas.