Castro abre juicio oral al extesorero del PP balear por presunta financiación ilegal en 2007

• Está acusado de haber emitido facturas falsas con sobrecostes sin justificar
• El magistrado le impone una fianza de responsabilidad civil de 20.000 euros

El juez del caso Palma Arena, José Castro.

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha abierto juicio oral contra el extesorero del PP balear Fernando Areal, al sostener que éste habría incurrido en un delito electoral por las presuntas irregularidades detectadas en los gastos electorales del partido en 2007.

La Fiscalía Anticorrupción reclama tres años de cárcel para el acusado por estos hechos, enmarcados en la pieza número 4 de la causa.

El magistrado le impone además una fianza de responsabilidad civil de 20.000 euros. Mientras tanto, Castro ha archivado los delitos que pesaban sobre él de malversación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, al tiempo que ha sobreseído la causa para el administrador de la empresa de publicidad Nimbus, Miguel Romero.

Las pesquisas apuntan a que Nimbus, que organizó parte de la campaña electoral del PP de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP para los comicios de ese año.

Contratos simulados a empresas

El PP contrató a la empresa de Romero, Nimbus Publicidad, a la que abonó 249.872 euros por servicios desarrollados para la campaña electoral que fueron declarados al Tribunal de Cuentas y la Sindicatura balear de Comptes como corresponde, pero la Fiscalía cree que además también encargó otros trabajos cuyo pago se ocultó.

La empresa de publicidad realizó entre abril y mayo de 2007 numerosas tareas de creatividad y promoción de los mensajes electorales del PP, y gestionó inserciones en prensa, radio y televisión por importe de 71.958 euros, que no se facturaron al partido porque había superado los límites legales de gastos electorales, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

Anticorrupción no ha podido determinar el origen de esos 71.958 euros que se abonaron a la empresa.  La Fiscalía destacó en su escrito que esta forma de actuar para la campaña de 2007 fue "una reproducción de la operativa que desarrolló el Partido Popular en la campaña electoral de abril de 2003", con el abono directo de servicios de creatividad y promoción de mensajes electorales en dinero "negro", en mano y en la sede del partido, sin contabilizar en la correspondiente cuenta electoral "dichas partidas opacas ni su salida".

Anticorrupción cree que también se pagaron facturas con conceptos simulados a empresas, para ocultar trabajos para la campaña.

El juicio contra Areal se celebrará en un Juzgado de lo Penal, previsiblemente dentro de unos meses.