La autoridad fiscal avala las previsiones y ve los objetivos oficiales "ambiciosos pero alcanzables"

• Detecta riesgos en el control del gasto y en las cuentas de la Seguridad Social
• Prevé que no se va a reducir la deuda al 60% en 2020 y propone cambiar la ley
• Es el informe de la autoridad fiscal sobre el cuadro macro del Gobierno

El presidente de la autoridad fiscal independiente, José Luis Escrivá

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las nuevas previsiones macroeconómicas del Gobierno y los objetivos de estabilidad, que son "ambiciosos, pero alcanzables".

Según las nuevas cifras, el PIB crecerá a un ritmo del 3% hasta 2018 y el paro bajará del 20% ya en 2016. En materia de déficit, el Ejecutivo espera que el saldo baje al 4,2% este año, al 2,8% en 2016, al 1,4% en 2017 y al 0,3% en 2018.

Fuentes de la Autoridad Fiscal han explicado que avalan las previsiones porque son alcanzables, aunque también han identificado "riesgos considerables" de desviación en los supuestos expansivos adoptados para hacer los cálculos y de ejecución de las políticas restrictivas de gasto diseñadas.

De hecho, la AIReF admite que según se avanza hacia 2018 el escenario económico es "más arriesgado", aunque sigue siendo "plausible", por lo que sigue avalando las cifras.

Por otro lado, advierte de que la consecución de los "ambiciosos objetivos" de consolidación obligarán a desplegar una política presupuestaria "rigurosa" que contenga elementos "novedosos" de contención de gasto en un contexto de recuperación cíclica de la economía.

Preocupación por la Seguridad Social

A su parecer, existen riesgos derivados de la falta de adecuación entre los recursos y el nivel de prestación de bienes y servicios públicos de cada subsector. En concreto, cree que las cifras del Gobierno evidencian "el probable incumplimiento" de la Seguridad Social en 2018 y considera posible que se consolide un nivel de déficit del 1%.

La Administración Central, por su parte, cumplirá con el objetivo fijado, aunque quizá no tenga margen para compensar la desviación de la Seguridad Social. Las comunidades también pueden cumplir, ya que contarán con una recuperación de ingresos vinculados por el sistema de financiación, aunque también existen riesgos.

En este sentido, la AIReF considera "necesaria" la aplicación "estricta" de la regla de gasto, lo que implica una senda de gasto "más exigente" sobre la derivada de cumplir el objetivo nominal de estabilidad presupuestaria cuanto más cerca se está del equilibrio o superávit.

Por su parte, las entidades locales contarán con "margen suficiente" para alcanzar su objetivo de equilibrio presupuestario, aunque la Autoridad Fiscal ve "poco sostenible" que mantengan superávit presupuestarios durante un periodo prolongado de tiempo en un contexto de saldos negativos en el resto de subsectores.

En cuanto a la deuda, ve "alcanzable" la senda planteada por el Gobierno, aunque, a su juicio, se abren riesgos a medida que avanza el periodo. De hecho, fuentes de la AIReF creen que el descenso de este parámetro será "más suave" de lo planteado por el Ejecutivo.

Además, recuerdan que la Ley de Estabilidad obliga a dejar la deuda pública en el 60% en 2020, un objetivo que no se va a alcanzar, por lo que convendría cambiar la ley.

Recomienda revisar la financiación

En este contexto, la Autoridad Fiscal recomienda revisar la financiación correspondiente a los distintos niveles de la Administración para adecuar los recursos a las responsabilidades de prestación de bienes y servicios.

Asimismo, resalta la necesidad de analizar la situación de la Seguridad Social, puesto que las tensiones financieras a corto y medio plazo suponen "un riesgo cierto e importante" para la consolidación fiscal.

Además, recomienda que se dé al cumplimiento de la regla de gasto la misma importancia que a los objetivos de estabilidad, que se otorgue más información sobre las previsiones y los métodos y supuestos utilizados y que se incluyan las metodologías.

Finalmente, reclama que se usen los mecanismos legales procedentes para ampliar el periodo transitorio para cumplir el límite de la Ley de Estabilidad, definiendo una senda de referencia "creíble y exigente" para la deuda.