La aseguradora de Renfe ve "graves deficiencias" en la evalución de Adif de la curva de A Grandeira

• Su informe concluye que presentaba "un riesgo previsible y no tolerable"
• Los peritos estiman un riesgo de un descarrilamiento cada seis meses

Imagen del tren Alvia descarrilado antes de llegar a Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013.

El informe pericial presentado por la aseguradora de responsabilidad civil de Renfe, QBE, ante el juzgado que investiga el accidente de tren de Santiago de Compostela concluye que la evaluación de riesgos que realizó Adif durante la construcción de la línea "presenta graves deficiencias". La prueba pericial de parte indica además que en la curva de A Grandeira, donde descarriló el Alvia el 24 de julio de 2013, había "un riesgo previsible y no tolerable". Hubo 79 víctimas -hay dos que aún no están reconocidas como tales- y más de un centenar de heridos.

Los peritos Frans Heijnen y James Robert Camur señalan en el documento Factores y circunstancias que dieron lugar a la producción del accidente, al que ha tenido acceso Europa Press y Efe, que "la posibilidad de que se produjese un accidente con la configuración de la línea en la curva donde se produjo el siniestro era alrededor de un descarrilamiento cada seis meses", por lo que representa un "riesgo intolerable".

En este sentido, la prueba pericial de parte, de 83 páginas y con fecha 31 de enero, determina que la evaluación de riesgos previa que hizo Adif "no cumple" con la normativa europea que rige en España (EN 50126 y reglamente MCS) para identificar los peligros, analizar los riesgos y mitigar aquellos que no sean aceptables. Estos peritos entienden que "tampoco se mantuvo el procedimiento de gestión de riesgos exigido" tras la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago.

"Existía un riesgo previsible y no tolerable de conformidad con la normativa aplicable y los estándares técnicos del sector que debía haber sido mitigado hasta niveles tolerables", señalan Heijnen y Camur.

Análisis de tres casos

El 24 de julio de 2013 un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló a la altura del barrio de Angrois al entrar a 179 kilómetros por hora, cuando la velocidad permitida era de 80. Los peritos analizan cuál hubiera sido el riesgo en tres escenarios: si el sistema ERMTS hubiera estado operativo, si tanto el ERMTS y el ASFA lo hubieran estado y en las condiciones del accidente.

En este último caso el riesgo era de un descarrilamiento cada seis meses y "es más", añaden los peritos, "incluso en el caso de asumir como hipótesis un riesgo 100 veces menor, el riesgo sigue siendo muy superior al reglamento MCS".

También considera que no existen evidencias de que se evaluara el impacto sobre la seguridad de la desconexión del sistema de embarcado ERTMS autorizada en junio de 2012 y que la decisión de desconectar este sistema incrementó el riesgo de descarrilamiento con "un factor diez".

El factor humano "no estaba correctamente previsto"

Los firmantes mantienen que las buenas prácticas en materia de seguridad y la normativa que resulta de aplicación exigen evaluar el riesgo de factor humano, "que no estaba correctamente previsto en el sistema de gestión de riesgos del Adif".

Aseguran que no existía un sistema que evitase el fallo humano ni que redujese sus consecuencias y, además, resaltan que las condiciones de la infraestructura no solo favorecerían el exceso de velocidad, sino que también, ante cualquier tipo de incidente, se produjese un siniestro "de catastróficas consecuencias".

El informe pericial concluye que un análisis de riesgos conforme a la normativa y estándares técnicos del sector "hubiera determinado la obligación de implantar sistemas que mitigaran el riesgo", dado que existían varias alternativas que lo hubieran reducido "a niveles aceptables", recoge Efe.

El maquinista Francisco José Garzón Amo es el único imputado en este caso.