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Uber suspende temporalmente su aplicación para compartir transporte en España

  • La empresa cumple la orden judicial que ordena su cierre mientras apela el fallo
  • Dice que colaborará con las autoridades para definir un nuevo marco regulatorio

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UBER suspende temporalmente su servicio en España

Uber ha anunciado que suspende temporalmente su aplicación uberPOP, que permite compartir transporte en España, mientras continúa su apelación contra la decisión judicial que ha ordenado su cierre a petición de la Asociación Madrileña del Taxi, que acusa a la empresa estadounidense de "competencia desleal".

En otros países, como Holanda, Francia e India, también se ha ordenado la suspensión de actividad de Uber en sus territorios.

En ese fallo judicial, el magistrado acordó estimar las medidas cautelares propuestas por la asociación de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la compañía. El juez acepta la medida, ya que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.

"En el día de hoy hemos recibido la sentencia formal y, en cumplimiento con la orden del Juzgado de lo Mercantil y en respeto a la ley, hemos suspendido temporalmente uberPOP en España mientras apelamos a la sentencia judicial y evaluamos nuevas opciones para dar a los españoles acceso a viajes seguros y cómodos", explica el director de Uber en España, Carlos Lloret, en un comunicado publicado en la noche del martes en un blog vinculado a la compañía.

Lloret asegura que su empresa va a colaborar "para desarrollar el nuevo y necesario marco regulatorio para crear un espacio justo para Uber y la economía colaborativa".

"Las restricciones de transporte actuales, contrarias a la competencia"

En la nota, el responsable de la compañía en España recuerda que "la Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia (CNMC) ha dejado claro que las restricciones de transporte actuales son contrarias a la competencia y restringen la entrada de nuevos agentes en el mercado, en perjuicio de los consumidores", e indica que ese mismo órgano ha fijado "la necesidad de regular la economía colaborativa a favor de los consumidores".

Según Uber, la actual regulación en España "restringe las oportunidades económicas de los conductores, limita las opciones del consumidor y bloquea la innovación", por lo que se compromete "a trabajar incansablemente para desarrollar un nuevo marco regulatorio en España que acoja la innovación y el progreso, tal como muchos otros mercados lo han hecho en los últimos meses".

En la sentencia que ordena el cierre, el juez aclara que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente", ya que la ley de competencia desleal determina que, cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal.

La medida cautelar adoptada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid se adoptó sin escuchar a la empresa Uber, debido al daño que se está ocasionando a los titulares del servicio de taxi y porque Uber es una empresa domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware.

Un servicio polémico

En abril de 2014, Uber empezó a operar en España, lo que provocó numerosas movilizaciones, huelgas de taxistas, imposición de multas a los conductores y a la empresa por parte de la administración, y la prohibición de Uber que ordenó el pasado 9 de diciembre un juez de Madrid.

En los últimos días, el juzgado madrileño había enviado a las empresas de telecomunicaciones que dan servicio a Uber y a las compañías que gestionan sus pagos, la orden de que dejaran de prestar servicios a la plataforma de transporte compartido. La plataforma expresó su sorpresa por la "celeridad excesiva" con la que actuaron determinados operadores de telecomunicaciones ante "tan inusual y desproporcionado" requerimiento.

Además, Uber hizo hincapié en que la orden judicial viola la Constitución española "y el artículo 6 y 13 de la Convención europea de los Derechos Humanos, que garantizan a los acusados el derecho de una defensa judicial justa", y añadió que entraba en conflicto con las leyes europeas, en particular, con los principios de libertad de prestación de servicios.

La Comisión Europea tiene previsto decidir en 2015 si considera la contratación de vehículos a través del teléfono móvil que ofrece Uber como un servicio de transporte o como uno tecnológico. El Ejecutivo comunitario analiza la cuestión porque Uber ha presentado una queja contra Francia en la que denuncia que la normativa nacional que sirve de base al Gobierno francés para prohibir este servicio, viola el derecho comunitario.

Con sede en la ciudad estadounidense de San Francisco, Uber fue creada en 2009 por los jóvenes Travis Kalanick y Garret Camp, como un servicio para atender la demanda de transporte por encargo a través de una aplicación de teléfono móvil o tableta.

En 2011 comenzó a operar en el conjunto de Estados Unidos y en París. Un año después se puso en marcha en Toronto y Londres. En la actualidad está presente en 52 países y, a pesar del éxito entre la población, se ha encontrado con una marcada oposición en el sector del taxi y el transporte en diferentes ciudades.