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Un agente de Policía armado hace guardia frente a la sede del Parlamento británico.
Un agente de Policía armado hace guardia frente a la sede del Parlamento británico. REUTERS REUTERS

El Gobierno británico quiere ampliar su poder para impedir el retorno de yihadistas

  • Londres impulsa una ley cuestionada incluso por un asesor de Cameron

  • Prevé órdenes temporales de exclusión y da poderes para confiscar pasaportes

  • Obliga a centros educativos a actuar contra la radicalización de los alumnos

  • Condenan a dos británicos que recibieron instrucción terrorista en Siria

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Entre críticas de expertos legales y organizaciones de defensa de las libertades civiles, el Gobierno británico ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley que le permitirá impedir temporalmente el retorno al Reino Unido de presuntos yihadistas y dará a la Policía más competencias para detenerlos.

La ministra de Interior, Theresa May, ha sido la encargada de detallar por escrito la legislación, que se debatirá este jueves en la Cámara de los Comunes, y que el Gobierno de David Cameron considera "esencial" para hacer frente "a las graves y cambiantes amenazas" que afronta el país.

"En una sociedad abierta y libre, nunca podremos eliminar completamente la amenaza del terrorismo, pero debemos hacer todo lo posible de acuerdo con nuestros valores compartidos para reducir el riesgo que plantean nuestros enemigos", ha declarado.

Qué propone la ley británica contra el terrorismo

El proyecto de ley de seguridad y contra el terrorismo, que podrá ser enmendado en el trámite parlamentario, da poderes a la Policía y los servicios secretos para confiscar el pasaporte en los puntos fronterizos de entrada o salida y cancelarlo durante 30 días a ciudadanos sospechosos, a fin de impedir que más británicos vayan a combatir a países como Irak y Siria con el Estado Islámico (EI).

El departamento de Interior británico tendrá competencias para emitir órdenes temporales de exclusión, por un plazo máximo de dos años, que impedirán el retorno al Reino Unido de británicos sospechosos de haber participado en la yihad o actividades terroristas en el extranjero.

La ley obligará a las aerolíneas y a las empresas de comunicaciones a facilitar información de sospechosos y a las escuelas, universidades, ayuntamientos y prisiones a tomar medidas para impedir la radicalización de los ciudadanos.

La legislación prohibirá además a las aseguradoras cubrir el dinero invertido en el rescate de prisioneros.

Se obligará a las personas consideradas de riesgo a someterse a procesos contra la radicalización y las autoridades podrán reubicar dentro del Reino Unido a sospechosos que no pueden ser acusados por falta de pruebas, algo muy criticado por organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

Un tribunal condena a dos hermanos británicos

El Gobierno promulga esta legislación tras haber elevado de "sustancial" a "grave" en agosto el nivel de alerta de terrorismo en el Reino Unido por el creciente número de británicos que viajan a Oriente Medio para combatir de lado de las milicias islamistas.

Se calcula que unos 500 ciudadanos se han desplazado a Irak o Siria en los últimos meses para luchar en las filas del grupo yihadista Estado Islámico (EI), al tiempo que han aumentado las detenciones de presuntos yihadistas en territorio británico.

Sin ir más lejos, este miércoles, en medio de este debate, un tribunal ha decidido condenar a prisión a dos hermanos de nacionalidad británica por haber estado en un campo de entrenamiento para terroristas en Siria, la primera condena en el Reino Unido por este tipo de delito.

Los dos hermanos Mohommod Nawaz, de 30 años, y Hamza Nawaz, de 24, fueron detenidos el pasado septiembre en Dover, ciudad portuaria al sur de Inglaterra, cuando regresaban al Reino Unido provistos de restos de munición y fotografías como recuerdo de su paso por el campo de entrenamiento.

Cuestionado por el asesor de Cameron en terrorismo

Sin embargo, el proyecto legislativo, que ya adelantó en septiembre el primer ministro, David Cameron, ha sido cuestionado por el propio asesor gubernamental en materia de terrorismo, David Anderson, y varios grupos defensores de las libertades civiles.

En una declaración ante una comisión parlamentaria, Anderson ha expresado sus reservas específicas por la aplicación práctica de las llamadas órdenes temporales de exclusión, que impiden el regreso de los presuntos yihadistas, y ha echado en falta "implicación de los tribunales" para ofrecer garantías legales al proceso.

"La preocupación que tengo sobre estos poderes, la preocupación central al respecto, es ¿dónde quedan los tribunales en todo esto?".

El abogado ha señalado, no obstante, que, a su entender, el Gobierno prevé usar esas polémicas órdenes no tanto para mantener alejados a los sospechosos, con el riesgo de convertirlos en "apátridas", sino a fin de "gestionar su retorno", condicionándolo a que accedan a entrevistarse con la Policía.

Medidas que "alienarán" a la población musulmana

Amnistía Internacional ha advertido por su parte de que una legislación de este tipo requiere "un análisis detallado y detenido". "Aunque el Gobierno debe asegurarse de que se investiga a cualquier sospechoso de actividad delictiva, medidas como invalidar pasaportes o excluir a nacionales británicos de su país empujan los límites de la legislación internacional", ha afirmado la asesora legal Rachel Logan.

El presidente de la Comisión Islámica de Derechos Humanos, Massoud Shadjareh, ha asegurado que las medidas "alienarán" a la población musulmana y pueden impulsar agresiones contra el colectivo, así como fomentar la radicalización de jóvenes.

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